A través de su cuenta de X, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, expresó que acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedir medidas de seguridad en favor de algunos funcionarios de su pasada administración y de ciertos partidarios del Movimiento Independientes.
Según la información publicada por el exmandatario, su solicitud estaría apoyada en el presunto “asedio” al que estarían sometidos estos servidores que trabajaron durante su gestión en la Alcaldía de la capital antioqueña.
“Pediremos a la CIDH medidas de protección para los miembros de Independientes y ex funcionarios de mi Gobierno que hoy soportan el asedio y la persecución en medio de una guerra jurídica o lawfare”, indicó Quintero Calle en su cuenta de X, mientras indicó que estas personas habrían sido víctimas de una posible negación a defenderse
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El exgobernante denunció que dentro del posible seguimiento se habrían evidenciado “amenazas y procesos jurídicos en los que se les niega el derecho a la defensa y donde se aplica un doble racero: Contratos iguales, con procedimientos iguales, entre administraciones anteriores y la nuestra, reciben para ellos absoluciones y para los nuestros procesos jurídicos y hasta sanciones (sic)”.
Las investigaciones que adelantan las autoridades por presuntas irregularidades en la gestión de Quintero
Esta solicitud encabezada por Quintero ante la CIDH habría sido anunciada por el exalcalde en momentos en los que se intensifican las indagaciones por presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la pasada gestión.
Entre septiembre y octubre del año en curso se habrían conocido posibles investigaciones impulsadas por el Ministerio Público, que incluso llevaron a una inspección en la sede de Telemedellín por parte de la Fiscalía y la Procuraduría, ante una serie de denuncias que señalaban presuntas irregularidades en contratos para beneficiar campañas políticas desde el medio de comunicación del gobierno local.
Para entonces, los entes de control habrían buscado “individualizar y/o identificar a los servidores públicos que, al parecer, incurrieron en presuntas irregularidades en los procesos de contratación que tuvieron como contratista al canal local de televisión abierta, Telemedellín”, como indicó un reporte de la Procuraduría.
De hecho, el martes 14 de noviembre, la misma institución habría abierto investigación contra algunos servidores y pasados funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones de la capital antioqueña, con el fin de indagar irregularidades y firmas de contratos posiblemente millonarios.
Una nota periodística publicada por El País mencionó que con base en las intenciones del Ministerio Público, dichos contratos que habrían sido firmados entre la Universidad Nacional de Medellín y el mencionado canal, estarían bajo el foco de las autoridades no solo por las robustas sumas de dinero que representarían, sino por que se habrían consumado para apoyar estrategias de comunicación en favor de la administración de Quintero.
Dos contratos millonarios
Uno de dichos negocios suscritos entre la Administración de Quintero Calle con la institución universitaria habría superado los 9.000 millones de pesos y, aparentemente, habría favorecido campañas políticas de algunos candidatos a la Alcaldía de Medellín y al Concejo de la misma ciudad.
“En el caso de la Universidad Nacional, se busca establecer si fue utilizado para favorecer intereses particulares, concretamente las campañas de algunos candidatos que aspiraron a la Alcaldía y el Concejo. En el contrato de Telemedellín, firmado por más de $18.000 millones para pauta publicitaria y rendición de cuentas, se investiga una presunta falta en la modalidad de contratación aplicada”, señaló la Procuraduría.
Otro contrato, por ejemplo, se habría firmado por más de 18.000 millones, posiblemente, a razón de pautas publicitarias, de acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría, quien destacó algunas aparentes irregularidades.
“El ente de control evidenció un presunto desconocimiento de los principios de contratación estatal, al suscribir el referido contrato bajo la modalidad de contratación directa, eludiendo el procedimiento de ley (licitación pública), en el cual deberían participar varios oferentes para escoger el de mayor experiencia, idoneidad, capacidad necesaria y suficiente”, como indicó el ente investigador.
Así las cosas, se estaría a la espera de que Quintero haga efectiva la petición, y de la eventual respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien determinaría si otorga o no los mecanismos de seguridad para los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y miembros del Movimiento Independientes, en tanto que las autoridades colombianas continúan con sus indagaciones.