Bajo intervención judicial quedaron tres empresas que funcionaban como una pirámide ganadera en Colombia. La Superintendencia de Sociedades ordenó suspender de manera “inmediata” la captación ilegal de dinero.
A través de una resolución oficial, la entidad de vigilancia adoptó medidas administrativas a la Sociedad Ganadera El Paraíso y a su representante legal, señor Carlos Alberto Montoya Bustamante, a la sociedad Subase S. A. S., y a Monster Group13 S. A. S., y su representante legal, señora Lina María Serna Aristizábal, en virtud de la cual se les ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de captación no autorizada de dineros del público.
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¿Cómo operaba la pirámide ganadera?
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, la pirámide suscribía contratos bajo la modalidad de “ganado en participación”, en los que se establecía que terceras personas, llamados “depositantes”, le entregaban cabezas de ganado para que aquella los administrara, cuidara y enajenara, y, al finalizar el negocio, los restituyera.
Dicha sociedad ganadera se obligaba a devolver el precio inicial del semoviente y a pagar una utilidad, pactada en un porcentaje, al vencimiento de un plazo, independientemente de que, el ganado muriera, enfermara, no tuviera el desarrollo esperado o se viera afectado por cualquier contingencia propia de ese tipo de negocio.
En la investigación que conllevó a la intervención se determinó que los inventarios de ganado que debía tener la sociedad ganadera eran significativamente insuficientes respecto del dinero recibido de los “depositantes”, sin que se tuviera conocimiento del destino de los recursos que se habían recibido para tal fin.
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Medidas de intervención
A través un auto suscrito el 18 de julio de 2023 se decretó la intervención judicial, bajo la medida de toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las personas antes señaladas, proceso a través del cual se ha determinado que la Sociedad Ganadera El Paraíso, recibió dinero de 3.136 personas que actúan como afectados en dicho proceso. Además, el monto de la afectación está cuantificada en $83.192.618.632.
Una vez iniciado el proceso de intervención judicial, se realizaron las visitas de secuestro de bienes y se encontraron 4.393 cabezas de ganado y 27 equinos. De estos bienes, se han vendido, a través de la interventora del proceso 4.112 cabezas de ganado por un valor de $2.916.304.400.
Además, se embargaron varios bienes inmuebles, dentro de los cuales figuran: cinco fincas que a partir del valor que reposa en las escrituras ascienden a un valor de $11.331 millones, bienes inmuebles que serán objeto del respectivo avaluó; una finca con promesa de compraventa donde hacía falta correr la escritura pública, trámite que se realizara en el marco del proceso para poder realizar la venta y cuatro fincas con promesa de compraventa, donde solo se había entregado parte del dinero pactado como valor de las mismas.
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¿Qué sigue en el proceso de intervención judicial?
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, lo que continúa en el proceso en referencia es el avalúo de los bienes inmuebles encontrados para posteriormente surtir el trámite de aprobación del mismo; agotar el periodo de venta y en caso de existir bienes que no se vendan hacer la adjudicación de los mismos a los afectados reconocidos en el referido proceso.
Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, advirtió a los ciudadanos sobre invertir y hacer seguimiento cuidadoso de las finanzas: