En la noche del miércoles 8 de noviembre se conoció que el convicto exsenador por el Partido de la U Musa Besaile fue traslado a una clínica de Montería, debido a complicaciones de salud.
Una fuente dijo a El Espectador que Besaile se encuentra estable y su afectación de salud se habría presentado por problemas cardiacos.
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Esta no sería la primera vez que el condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, habría presentado quebrantos de salud, pues incluso en una ocasión, su estado de salud le impidió presentarse a uno de los juicios a raíz de sus diferentes procesos que cursan en su contra por corrupción.
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En agosto de 2021 el exsenador fue trasladado a la clínica Reina Sofía de Bogotá desde la unidad militar donde se encontraba recluido, en ese caso, según su abogado, se debía a una cardiopatía por la que se había estado en tratamiento, pues Besaile se quejaba de dolores en el pecho e intensas palpitaciones.
En esa ocasión, Besaile debía asistir a la audiencia de juicio oral en su contra, programada en la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, para responder por su participación en el escándalo ‘cartel de la toga’.
Besaile, exsenador condenado por parapolítica y corrupción
En septiembre de 2023, Musa Besaile aceptó cargos por su participación en el cartel de la hemofilia, por el cual se le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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El excongresista del Partido de la U decidió aceptar cargos relacionados con hechos ocurridos en el período 2012-2015, cuando, en colaboración con el entonces gobernador Alejandro José Lyons, se aliaron con el objetivo de desviar fondos públicos del departamento hacia sus propios bolsillos.
De acuerdo con las revelaciones del expediente de investigación del excongresista y el exgobernador Lyons, ambos políticos habrían maquinado un plan para manipular procesos de contratación estatal, en particular los relacionados con ciencia y tecnología financiados por Colciencias.
La investigación también reveló que los políticos implicados se sirvieron de intermediarios y se valieron de registros ficticios de presuntos pacientes con hemofilia con el fin de asegurar que los pagos para procedimientos médicos fueran aprobados, permitiéndoles así canalizar esos fondos hacia pagos irregulares. Además, se ha destacado en el informe investigativo que, como resultado de estas operaciones, Rafael Besaile habría logrado acumular un total de 2.350 millones de pesos.
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Adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación descubrió que la red de funcionarios vinculados a Lyons y Besaile, en asociación con diversas IPS, llevó a cabo actividades fraudulentas que incluyeron la emisión de diagnósticos falsos, resultados de laboratorio manipulados y un aumento injustificado en el número de pacientes con hemofilia en el departamento de Córdoba. Entre las IPS que participaron en este oscuro entramado conocido como el ‘cartel de la hemofilia’ se encuentran IPS Unidos por su Bienestar, Comunidad Sana y San José de la Sabana S.A.S.
De otro lado, en diciembre de 2022, el político en cuestión confesó haber negociado con paramilitares, incluyendo a Salvatore Mancuso, con el objetivo de obtener apoyo para su campaña a la Cámara de Representantes entre 2001 y 2002.
Como resultado de estas actividades, enfrentó cargos por concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. Además, reconoció su participación en una alianza paramilitar con el bloque de Córdoba de las autodefensas, liderado por Salvatore Mancuso, y entregó dos secretarías departamentales de Córdoba a personas vinculadas al excomandante paramilitar. Estos delitos llevaron a su condena por el tribunal a una pena de siete años de prisión.
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