Mientras unos se quejan por el alto costo del servicio de energía en Barranquilla, otros hacen conexiones fraudulentas en sus casas para no pagar tan caro el recibo de la luz.
Los robos de electricidad no diferencian estrato social y Air-e, empresa encargada de suministrar el servicio, denunció que en un condominio de estrato seis tenían conexiones fraudulentas para obtener energía ilegalmente.
De acuerdo con la electrificadora, por lo menos 17 casas del conjunto residencial Castellana Real, en el norte de Barranquilla, modificaron ilegalmente el cableado que suministraba energía para no pagar tan caros los recibos de la energía.
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La empresa de energía indicó que cada casa dejaba de pagar cerca de tres millones de pesos mensuales y al año 36 millones de pesos, es decir, que las 17 viviendas con conexiones fraudulentas le robaban por lo menos 612 millones de pesos anuales a la electrificadora.
“Rechazamos este tipo de actos delictivos. Es importante tener en cuenta que el robo de energía es un delito y eso conlleva a procesos penales, en donde se exponen a prisión de hasta 72 meses y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en el delito de Defraudación de Fluidos”, dijo Fermín de la Hoz Torrente, gerente de servicios jurídicos de Air-e, en un comunicado oficial de la empresa.
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De acuerdo con De la Hoz, los ladrones de energía no solo alteraron los tendidos eléctricos y las acometidas internas de los inmuebles, sino que también manipularon los medidores de consumo de electricidad para que marcaran menos de lo que en realidad consumían.
Al parecer, algunos usuarios era ignorantes de las modificaciones que habían en los sistemas eléctricos del conjunto residencial Castellana Real, colaboraron con los inspectores de Air-e y se mostraron indignados por las conexiones fraudulentas. Por lo tanto, tanto la empresa, como las autoridades competentes iniciarán una investigación para saber quién fue el responsable de alterar los tendidos eléctricos en las 17 viviendas del lugar.
El gerente de servicios judiciales de la empresa electrificadora indicó que hasta el 16 de octubre la empresa estaba llevando más de 500 procesos penales por el delito de defraudación de fluidos y fueron capturadas 183 personas.
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Las penas que acarrea ese delito van desde seis años de prisión hasta una multa por 150 salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 174 millones de pesos.
Fermín de la Hoz Torrente indicó que la comisión de esa falta en las casa de estratos socioeconómicos altos conlleva afectaciones a la contribución del valor de la energía, el impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad ciudadana.
El caso de Castellana Real no es el único en barrios del norte de Barranquilla; un caso similar se presentó en el barrio Villa Santos, ubicado en una zona de estrato seis de la capital atlanticense.
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Los inspectores de Air-e identificaron que en una vivienda de ese sector residencial habían manipulado los medidores con tecnología de punta para que marcaran consumos inferiores a los que en realidad debían registrarse.
Algo similar se dio en Barrio Abajo, centro histórico de Barranquilla, donde 22 apartamentos de un condominio robaban energía bajo la misma modalidad, además fueron detectadas 13 líneas directas por fuera de los parámetros exigidos por la electrificadora, 5 medidores alterados para que marcaran menos consumo, 2 puentes en la bornera del medidor y 2 acometidas eléctricas alteradas para no pagar el valor real del consumo de energía.
De acuerdo con Air-e, el consumo no autorizado de energía genera pérdidas mensuales de 7.229 millones de pesos y anuales de casi 100.000 millones.
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