La Corporación Sisma Mujer presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) un documento mediante el cual se busca que el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconozca que el Estado colombiano tuvo responsabilidad en los hechos de violencia sexual de los que fueron víctimas mujeres y niñas en la masacre ocurrida en el corregimiento El Salado, de El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), la masacre fue perpetrada entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 y dejó un saldo de 60 personas asesinadas. Este hecho violento fue adjudicado a 450 paramilitares, que también estarían involucrados en casos de violencia sexual que reportó la Corporación en el documento presentado a la Cidh.
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“La justicia colombiana aún no ha dado respuesta sobre la responsabilidad de agentes del Estado y grupos paramilitares que fueron financiados, apoyados, creados y tolerados por el Estado”, precisó Sisma Mujer en un comunicado, añadiendo que el documento presentado a la Comisión fue radicado dentro de la Petición 1-06 llamada “Masacre y desplazamiento forzado en la comunidad de El Salado”. Esta petición, según la Corporación, lleva varios años en la justicia interamericana, pero ha desconocido los casos de violencia sexual contra mujeres y niñas que se presentaron en febrero del 2000.
Sisma Mujer argumentó que, a pesar de que tanto la Comisión como la Corte han hecho varios pronunciamientos referentes a la colaboración, tolerancia y participación directa del Estado colombiano en el fenómeno paramilitar, en ninguno de ellos se han mencionado las violencias sexuales que fueron perpetradas. Esto se debe, según la Corporación, a que el Estado no les ha otorgado espacios a las mujeres para denunciar, contando con las garantías necesarias de protección física y emocional.
En la masacre de El Salado, la Corporación pudo documentar ocho casos, de los cuales cinco corresponden a violencia sexual contra menores de edad. “Este ser convierte en el primer caso en el que se pone de precedente la violencia sexual ocurrida en el marco de masacres en Colombia. Siendo, además, resaltada como la masacre donde más hechos de violencia sexual se han logrado identificar”, sostuvo la Corporación.
No obstante, el número presentado ante la Cidh podría ser mayor, teniendo en cuenta que hay muchas mujeres víctimas que han decidido no denunciar por temor a represalias en su contra. A esto se suma la estigmatización con la que cargas las personas que sufren violencias sexuales.
De hecho, Sisma Mujer también recordó ante la Comisión el caso de la lideresa de derechos humanos Yirley Velasco Garrido, que lleva ocho años siendo perseguida y amenazada. Tanto así, que en 2020 la Cidh le otorgó medidas cautelares para su protección. Como ella, muchas mujeres han sido víctimas de intimidaciones para que se abstengan de hablar sobre lo ocurrido, según explicó la Corporación.
Así las cosas, Sisma Mujer reclamó que se le brinde la importancia que merece a los casos documentados y que se aborden desde un enfoque diferencial y de género. Esto incluye tener en cuenta que las mujeres fueron impactadas de manera diferenciada por otras violencias como el desplazamiento forzado que se registró posterior a la masacre.
“La violencia sexual genera graves afectaciones a las mujeres que aún no han sido objeto de reparación integral por parte del Estado”, concluyó la Corporación.
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