La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) informó que garantizará la prestación de los servicios a cargo de los cementerios distritales de Bogotá.
La información fue entregada a la opinión pública luego de que Éder Parada, el representante legal del concesionario Jardines de Luz y Paz, anunciara que cesarán de administrar estos cementerios del Distrito a partir del viernes 6 de octubre.
Según Parada, la renuncia es el resultado del presunto incumplimiento de la Uaesp para detener los procesos sancionatorios que enfrentaba el concesionario. En sus palabras, “esta decisión la tomamos en virtud de que el gerente de la Uaesp, Juan Carlos López, no cumplió los acuerdos que se lograron en una audiencia el martes 3 de octubre, en donde uno de los compromisos era que se iban a cesar todos los procesos administrativos en contra de Jardines de Luz y Paz hasta que no se llevaran a cabo unas mesas de trabajo para analizar las falencias que tiene el actual contrato en concesión”.
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En contraste, el comunicado de la Uaesp aseguró que en esa audiencia “se le otorgó al concesionario al concesionario de los Cementerios Públicos de la ciudad Jardines de Luz y S.A.S., un plazo hasta el 3 de noviembre de 2023 para sustentar un recurso de reposición frente a una posible sanción en su contra”.
Estos procesos serían discutidos en las mesas de trabajo que mencionó Parada en sus declaraciones. Según la entidad de servicios públicos, en la audiencia del pasado 3 de octubre “se autorizó la realización de tres mesas técnicas para discutir sobre temas del Contrato Concesión 415 de 2021 a cargo de Jardines de Luz y S.A.S., razón por la cual es injustificado el actual proceder del operador (la renuncia)”.
Aún así, los procesos sancionatorios contra el concesionario parten de la Uaesp a razón de “58 informes de incumplimiento s solicitados por la interventoría del contrato , y tres multas impuestas que suman $2.485.013.031, sanciones impuestas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos”.
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En una declaración a medios de comunicación, Juan Carlos López afirmó que de estos 58 informes, 8 han sido tramitados. Mencionó también que “todo esto es para tener un panorama claro y preciso no sobre las opiniones sino de los hechos. No puede predicar alguien que no tiene garantías jurídicas”, luego de que se le otorgaran al concesionario los beneficios de las mesas técnicas y del tiempo para el recurso de reposición.
En respuesta a estas penalidades, desde el concesionario se solicitó la revisión por parte de organismos del Estado competentes, como el Ministerio Público. Parada, en sus declaraciones, dio a entender que estas sanciones no han sido imparciales.
“Hemos pedido intervención por parte de los entes de control como la Controlaría, Procuraduría y Fiscalía para que de una u otra manera entren a revisar la actuación de estos funcionarios que ha sido sesgada y cegada para hacer daño en general, la inestabilidad social y afectación a la población vulnerable”, recalcó.
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Finalmente, la Uaesp hace énfasis en que por medio de sus garantías la ciudad no enfrentará una crisis en materia de servicios funerarios de carácter público: “El Distrito Capital no se encuentra enfrentando, ni enfrentará una crisis sanitaria o ambiental por cuenta de la operación de Cementerios Públicos de Bogotá. La Uaesp garantizará la prestación de los procesos funerarios destino final de inhumación y cremación, que sean requeridos por la ciudadanía”.
Igualmente, la entidad rechazó “todo tipo de acción que busque impedir la garantía y continuidad de los servicios funerarios en los cuatro cementerios distritales del Norte, Central, Sur y Parque Serafín”, mientras afirmó su intención de adelantar acciones legales o gestiones administrativas toda vez que el interés público de los cementerios esté amenazado.