En la tarde del 3 de octubre, el Estado colombiano pedirá perdón por primera vez a las madres de los 19 jóvenes que fueron asesinados en ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’. El evento se llevará a cabo en la plaza de Bolívar bajo el liderazgo del ministro de Defensa, Iván Velásquez, y contará con la presencia del presidente Gustavo Petro.
De esta forma, la Asociación Mafapo (Madres de Falsos Positivos) tendrán un reconocimiento que fue ordenado por el Tribunal de Norte de Santander en 2015, pero que había recibido las trabas de los gobiernos anteriores.
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“Hubo varias trabas de ministros anteriores para cumplir con este acto, que es un gran paso para demostrar que lo que pasó con nuestros familiares fueron crímenes de Estado, que esos asesinatos fueron una práctica sistemática del Ejército, que no eran guerrilleros y no era que estuvieran recogiendo café”, afirmó la lideresa Jacqueline Castillo, vocera de las Madres de Falsos Positivos de Soacha y Colombia.
Historia de las madres de Soacha
Para entender el motivo de las ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y que fueron denominadas como ‘falsos positivos’ cabe resaltar que en 2005 fue expedida una directiva del Ministerio de Justicia en la que se combinaban beneficios para los militares que incrementaran los resultados, es decir, las bajas de guerrilleros en combate.
Sin embargo, el proceso para demostrar la identidad de estas personas permitió que varios militares asesinaran a civiles bajo dos modalidades: la de ubicar víctimas en el área de operaciones de los pelotones y el reclutamiento de hombres que bajo engaños llevaban a lugares en los que eran asesinados.
En 2008, un grupo de mujeres en el municipio de Soacha y otras más de Bogotá se unieron para pedir explicaciones sobre la muerte de sus hijos, ya que estos habían dejado sus hogares convencidos de que serían contratados en un trabajo, pero tiempo después fueron notificados como guerrilleros dados de baja durante combates con las Fuerzas Militares.
Las víctimas fueron encontradas en una fosa común a 600 kilómetros del municipio, en una localidad de Ocaña, cerca de la frontera con Venezuela, pero la mayoría de los casos coincidía en que eran hijos de familias de escasos recursos.
Luego de la primera denuncia, estas mujeres recibieron múltiples amenazas, pero eso no impidió que continuaran buscando verdad. Para ello, se reunieron en plazas públicas, universidades y colegios para contar la historia de sus hijos desaparecidos bajo una misma premisa: “Ellos no eran guerrilleros”.
De esta forma, las madres de Soacha se convirtieron en la imagen y representación de miles de familias que tenían dudas similares respecto a la desaparición o asesinato de sus hijos, en un proceso que en 2021 la Justicia Especial de Paz (JEP) confirmó que se registraron más de 6.402 muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008.
Las 19 víctimas de estos hechos fueron identificados cómo: Jaime Estiven Valencia Sanabria, Elkin Gustavo Verano Hernández, Daniel Alexánder Martínez, Jaime Castillo Peña, Víctor Fernando Gómez Romero, Joaquín Castro Vásquez, Eduardo Garzón Páez, Julián Oviedo Monroy, Diego Armando Marín Giraldo, Mario Alexánder Arenas Garzón, Diego Alberto Tamayo Garcera, Jader Andrés Palacio Bustamante, Ómar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexánder Morales Tejada, Edwar Benjamín Rincón Méndez, Weimar Armando Castro Méndez, Deiby Julián Pisa Gil, Jonás Ariza Barbosa y Carlos Redondo.
Los ‘falsos positivos’ se registraron principalmente en Antioquia, Meta, Caquetá, Cesa, Norte de Santander, Huila, Casanare, Tolima, La Guajira y Cauca. Además, se identificaron 53 órdenes judiciales, de las cuales 38 correspondían a casos de ‘falsos positivos’.
La historia de estas mujeres ha llegado a presentarse a nivel internacional como la imagen de las ejecuciones extrajudiciales. Este tipo de casos inspiró al director Colbert García, que en 2011 presento la película Silencio en el paraíso, producción que ganó el premio al estímulo para la posproducción de largometrajes del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.
En 2017 fueron condenados 21 militares por participar en la muerte de estos jóvenes, siendo el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, el de más alto rango, que fue condenado a 46 años de prisión.
“No consideramos que esto deba ser un acto de excusas, sino que debe ser de perdón público, no solo para las madres de Soacha y Bogotá, es un perdón que se le debe a 6.402 madres”, afirmó Jacqueline Castillo, representante de Mafapo y hermana de Jaime Castillo, uno de los jóvenes que fue asesinado por militares.