En la tarde del lunes 25 de septiembre de 2023, se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó a la candidata a la Alcaldía de Albania, La Guajira, Oneida Pinto por lo que no podrá ser parte de las elecciones regionales de octubre de 2023.
De acuerdo con los magistrados del CNE, la decisión se tomó por la inhabilidad impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la candidata, que le prohibía ejercer cargos públicos por 10 años.
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Así lo dio a conocer la Procuraduría en un documento que envió al CNE luego de revisar el nombre de los candidatos inscritos para participar en las regionales de octubre. Tras la revisión, el Ministerio Público encontró que 676 candidatos de varios departamentos del país tenían sanciones en su contra, por lo que no serían aptos para ser elegidos en las urnas por los ciudadanos.
Entre ese listado se encontraba la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, por una sanción que recibió luego de ser investigada por su participación en un contrato por más de 20.000 millones de pesos de 2016.
Según el documento de la Procuraduría General de la Nación, la exgobernadora habría adjudicado el contrato destinado a mejorar la conectividad de internet en el departamento a la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics) manipulando las condiciones del acuerdo.
En el fallo, la Procuraduría también sancionó a la exsecretaria de Educación Bely Gneco; al exdirector Operativo Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza.
Entre los detalles que se conocieron en la investigación contra Oneida Pinto se conoció que suscribió el contrato con Funtics el 8 de marzo de 2016, pero no cumplía con los principios de transparencia y responsabilidad necesarios para contratar con el estado.
Por lo tanto, desde el Ministerio Público se explicó que no había justificación para adjudicar el proyecto, pues la Gobernación de La Guajira estableció ciertas restricciones para la licitación, pero los requerimientos solicitados no tenían ningún fundamento.
Estas restricciones dieron como resultado que a la licitación solo se presentara un proponente, por lo que desde la Gobernación no se tuvo la oportunidad de realizar una comparación de ofertas.
Desde el Ministerio Público confirmaron que las alertas sobre las faltas en el contrato ya habían sido hechas públicas por la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, que dio a conocer cinco irregularidades en el proceso de licitación, por lo que la Procuraduría aseguró que Oneida Pinto estaba al tanto de las alertas, y que al omitirlas, se calificó su conducta como falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima.