El mayor general en retiro Henry William Torres Escalante se convirtió en el militar de mayor alto rango en aceptar su responsabilidad en ejecuciones presentadas falsamente como bajas en combate, conocidas como falsos positivos; además, es otro testigo en contra del general Mario Montoya, a quien acusó, como comandante del Ejército, de ejercer las presiones que llevaron a cometer los crímenes.
Torres Escalante aceptó ante la JEP que la exigencia de resultados era una instrucción de toda la cadena de mando, que él transmitió a sus hombres en la Brigada XVI del Ejército, para que priorizaran las bajas en combate. Según dijo era una insistencia diaria que las muertes fueran resultados operacionales y reclamaba cuando sus unidades llevaban más de dos días sin reportar combates.
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“Las presiones constantes venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya; de la IV División, señor general Guillermo Quiñonez, y del mío como comandante de la Brigada XVI. Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la Brigada, motivados por cumplir con mis demandas y las de sus superiores directos, sobresalir en su posición en la institución, nos llevaron y nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, sin medir las consecuencias de nuestros actos, despreciando el carácter humano de nuestras víctimas”, señaló Torres.
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El mayor general señaló que quienes reportaban más muertes fueron reconocidos con bonificaciones, viajes, e incluso los presentó como ejemplo frente a los demás miembros de la brigada. “Yo fui uno de los más beneficiados porque posicionaron a la Brigada como una de las mejores a nivel nacional por todos esos resultados operacionales, muchos de ellos ilegítimos”, señaló.
Torres Escalante reconoció haber sido el líder de una organización criminal que se creó al interior de la Brigada XVI que buscaba entregar resultados operacionales a cambio de los beneficios que ofrecía la institución, sin cumplir a cabalidad con la labor de protección de la población.
Por ejemplo, según el exmilitar, para 2007 la guerrilla de las Farc estaba muy debilitada, pero en cambio se aumentaron las metas de muertos. “Ni el comandante de la División mayor general Guillermo Quiñonez quien aumentó las metas para cumplir durante ese año en cuanto a muertes, capturas y desmovilizados, ni yo como comandante de la Brigada tuvimos en cuenta la situación. Me limité a ordenar el cumplimiento de esa orden”, sostuvo.
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La organización criminal, como lo describió la JEP y lo aceptó el comandante de la Brigada, también encubría los crímenes, mentía en reportes sobre combates, alteraba los cuerpos de las víctimas para pasarlos por guerrilleros y desconocía las alertas y reclamos de la población o incluso de la Defensoría del Pueblo, fingiendo que se investigaban los hechos sin encontrar pruebas.
Esa estrategia de encubrimiento fue denominada por Torres Escalante como una “guerra jurídica” que consistía en proteger a los hombres bajo su mando. Sin embargo, señaló que esas decisiones no eran completamente autónomas, sino que se entendían como una dirección institucional.
“La Guerra Jurídica fue un fantasma direccionado del comando del Ejército, las instrucciones eran claras: no permitir que esas falsas acusaciones mermaran el ímpetu y el desarrollo de las operaciones militares, generando así las condiciones para que se siguieran cometiendo esa serie de asesinatos y garantizando el aparato criminal presentado en la Brigada XVI, derivando a que se restara importancia y atención a las quejas por violaciones de derechos humanos que se recibían”, señaló el compareciente.
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Entre los fraudes a la justicia que cometió, Torres Escalante reconoció haberle pagado 45 millones de pesos al teniente (r) Marco Fabían García Céspedes para que no lo señalara dentro de la investigación por la muerte de dos labriegos Cuneque, municipio de Támara, Casanare, que fueron presentados como supuestos guerrilleros.