El proyecto Sauces II, en el que se construían 909 viviendas para los damnificados de la avalancha de Mocoa en abril de 2017, no tenía licencia, se ejecutaba en sobre un cuerpo de agua poniendo en riesgo a la población, además ha tenido sobrecostos de más de $125.000 millones. Esto denunció el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, el 14 de septiembre de 2023, seis años y cinco meses después de la avalancha, que también anunció la suspensión de los dos contratos de construcción.
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De los $125.000 millones de sobrecostos, advirtió López, más de $30.000 millones se pagaron subsidios de arriendos a las familias que serían los beneficiados de las viviendas de Sauces II: “En el proyecto de Mocoa no se entregaron viviendas, pero sí se pagaron. Las pérdidas reales superan los 30.000 millones de pesos”.
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También señaló el director de la Ungrd que el proyecto de recuperación de Mocoa se encuentra desfinanciado en 125.000 millones de pesos.
Sobre el proyecto Sauces II, López señaló que se está explorando la posibilidad de recuperación de las viviendas, lo cual depende de la capacidad estructural y del avance de estas; la entrega del Mega Colegio; la estructuración de un convenio con la Alcaldía de Mocoa para iniciar la construcción de la plaza de mercado y las intervenciones en la bocatoma.
Hay que advertir la decisión de suspender los contratos se registró luego un proceso de seguimiento y verificación entre la Ungrd, el Congreso, Corpoamazonía, los entes de control, las comunidades y la Alcaldía de Mocoa, que produjo un informe que fue remitido a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría de la República, para que determinen los responsables de estos hechos y apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley.
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En X (antes Twitter), Olmedo insistió en que los damnificados fueron engañados y publicó fotos de lo que se propuso y lo que se entregó a la comunidad: “Engañaron a los damnificados y le mintieron al país. El proyecto de construcción de viviendas en Mocoa atravesado por un cuerpo de aguas y sin licencia de construcción”.
Las advertencias sobre el proyecto se venían haciendo desde hace años
En marzo de 2022, la Contraloría General de la República envió una advertencia al entonces director de la Ungrd, Eduardo José González, por los riegos de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa a los intereses públicos que acarrea esta situación. Esta advertencia hacía eco a una que se hizo en noviembre de 2021.