Lucía González Duque, que se desempeñó como excomisionada de la Verdad, presentó su renuncia a la delegación del Gobierno nacional en la mesa de diálogos con las bandas de crimen organizado del Valle de Aburrá.
La decisión fue confirmada por Jorge Mejía Martínez, quien es el coordinador de la delegación gubernamental. “Ella le envió una carta una carta al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sin dar ninguna explicación. Solamente manifestó en la misiva que se retiraba del cargo por asuntos personales”, indicó el funcionario.
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González quien además es arquitecta y gestora cultural formaba parte de una de las delegaciones que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) hizo oficial el 2 de junio pasado, cuando fue instalada la mesa de conversaciones con los 17 voceros de las bandas, que se encuentran recluidos en la cárcel de Itagüí.
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Así mismo, aparte de Lucía González y Jorge Mejía, en dicha delegación también están la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico; y María Gisela Quintero, quien es una lideresa social y representante de las víctimas de la violencia.
Cada una de ellas tiene tres asesores: Fernando Quijano, Joan Édison Giraldo y Mijael Lancher.
Hasta el momento se desconoce quién asumirá el cargo dejado por Lucía González Duque, quien también había sido directora de la Casa Museo de la Memoria de Medellín.
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Sin embargo, Jorge Mejía Martínez, afirmó que el Gobierno hizo la designación recientemente de Luis Guillermo Pardo como facilitador de paz. No obstante, esta figura no es considerada como la de un delegado, pero si ayuda a reforzar el trabajo de la mesa.
De Pardo se conoce que es sociólogo, experto en conflicto urbano y fue gerente de Paz de Antioquia durante la gobernación de Luis Pérez (2016-2019).
Por ahora, tanto la delegación del Gobierno y los 17 voceros de las bandas del Valle de Aburrá continúan discutiendo los protocolos que se implementarán para la operación de la mesa y la agenda temática, que todavía no han sido definidas.
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Hace pocos días se conoció la noticia de que estas bandas delincuenciales de Medellín no querían la ley de sometimiento, sino que habían decidido acogerse a la justicia restaurativa.
“Es una forma de retribuir el mal que se ha hecho desde las organizaciones en las comunidades. No es mirar sólo lo jurídico, sino lo social, entender y ser empáticos con lo que las víctimas sufrieron, entender que nunca quisimos causar ese dolor”, resaltó uno de los voceros.
Sobre las bandas delincuenciales que dialogan con el Gobierno nacional
Los Pachelly son un grupo delictivo que es manejado por la familia Henao Acevedo, que lleva más de 10 años al mando de esta banda armada ilegal que tiene como centro de operaciones en el municipio antioqueño de Bello; en la actualidad trabajan para la estructura paramilitar que es conocida como Los Urabeños.
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Sus principales cabecillas son Antonio Henao Acevedo, alias “Albert”, quien se encuentra recluido en la Cárcel El Pedregal, y fue condenado a seis años por el delito de concierto para delinquir; del mismo modo está Jader Botero, alias “Gancho”, quien es un desmovilizado del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.
Otra de las bandas que se encuentra negociando con el Gobierno desde la cárcel de Itagüí, es La Oficina. Esta banda surgió en la década de los 80. Fue creada por el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, como una banda que se dedicada al sicariato, pero que en la actualidad tiene el control del narcotráfico en la región.
Su principal cabecilla es Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, que fue capturado y posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos, en mayo de 2008.
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La oficina está confirmada por la Alianza Criminal del Norte, que agrupa el 80% de la delincuencia urbana y la Confederación Criminal, con el 20% restante.