De manera “subjetiva y selectiva”, ha calificado la Fiscalía General de la Nación la renovación de una serie contratos realizada por la exministra Urrutia durante su gestión en el Ministerio de Deporte, justo antes de salir de su cargo, el pasado 28 de febrero.
Según la acusación de la Fiscalía, la exministra será sometida a juicio ante la Sala de Primera Instancia la Corte Suprema, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por haber firmado de forma rápida 104 contratos, en la noche de su salida del cargo.
¿Pero qué tipo de contratos fueron? Según el ente acusador, estos fueron contratos “de prestación de servicios y apoyo a la gestión”, que además fueron tomados de una muestra de 2.700 trabajadores de su Ministerio, con el objetivo de extender por varios meses más a varios funcionarios, escogidos selectivamente por la exministra.
El paso a paso de lo que hizo la ministra, según el proceso de investigación, fue el de cerrar de forma anticipada los contratos, que “además, llegaron a su fin con el mismo argumento y bajo los mismos términos, este es el de ‘motivos personales’”, señala la acusación .
Luego de terminar los contratos, los renovó rápidamente. El señalamiento del ente investigador asegura que “se observó que posterior a las terminaciones anticipadas de las contratos anteriormente señalados, el mismo Ministerio celebró con su aval otros 104 contratos (...) con los mismos 104 contratistas que habían solicitado previamente la terminación anticipada del contrato inicial”. La extensión de estos contratos fue dilatada hasta el 31 de diciembre del 2023, cuando inicialmente los contratos estarían vigentes por solo cuatro meses.
Del mismo modo, uno de los argumentos que da luz verde a la Fiscalía para encender alarmas, es el hecho de que se puede establecer que los cierres de estos contratos y su renovación “nunca fueron sustentados bajo argumentos que gozaran de plena validez y coherencia”, en parte porque en el momento de las terminaciones de los contratos, Urrutia ya estaba enterada de la decisión del presidente Gustavo Petro de sustituirla del cargo, El formato de acusación indica que lo correcto para la exministra era “esperar a que culminara el periodo inicial y que su sucesora se encargara de evaluar la necesidad de continuarlos, extenderlos, o de ser necesario, realizar otrosí a los contratos para los efectos referidos”
No obstante, la exministra decidió no esperar. Urrutia actuó en contra de la vía contractual y, en su lugar, hizo las renovaciones “en pro de favorecer desde su cargo de forma indebida a los contratistas que laboraban en su entonces Ministerio”, enfatizó la Fiscalía.
El proceso viene desde antes
Vale mencionar que la acusación de la exministra por irregularidades en los contratos fue anunciada por la Fiscalía General de la Nación desde el pasado viernes, 9 de junio, cuando el ente aseveró que Urrutia sería posiblemente responsable de varias conductas delictivas, entre estas, la celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos.
Ante este señalamiento la exministra comentó que consideraba en dónde la Fiscalía le podría imputar cargos por haber “organizado el Ministerio”, asegurando que sus acciones no eran para favorecer a ninguna entidad, empresa o persona. Su argumento, en el momento fue que “con la resolución que sacó el señor presidente Gustavo Petro, se podían hacer contratos por 4 meses o por 11 meses, pero la carga laboral para ellos era muy grande y empezamos el proceso de subir. Cuando dijeron que me tenía que ir, el mismo sindicato me llamó y dijo que estaban con carga laboral y subimos los contratos”.
Adicionalmente, la ex alta funcionaria también mencionó que no habían sido 104 contratos, sino 350 contratos los que terminaron y renovaron hasta los 11 meses. Sin embargo, La Fiscalía ha puesto su lupa en los primeros, pues fueron culminados y renovados en tiempo récord.
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