La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que inició una investigación oficial contra Juan Alfredo Quenza Ramos, diputado de Arauca. El proceso está basado en presuntos usos inadecuados por parte del funcionario a su esquema de seguridad, así como a la camioneta oficial, ambos otorgados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según indicó el órgano de control a través de un comunicado de prensa, el político, que fue elegido para el periodo entre 2020 y 2023, habría utilizado el vehículo para hacer trasteos, cargar ladrillos, arena, bicicletas, entre otros elementos. Las acciones del funcionario habrían incurrido en actividades diferentes a las inicialmente establecidas.
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Al parecer, algunas imágenes en las que se ve que en la camioneta se cargan bultos de arena, sillas y bicicletas habrían llegado al despacho de la Procuraduría General de la Nación. Los hechos, que se habrían registrado el 19 de julio y 26 de agosto de 2021, son motivo de una sanción disciplinaria debido a que el funcionario presuntamente utilizó bienes del Estado para actividades distintas a las que estaban contempladas.
Por tal motivo, la procuradora regional de Arauca, Carolt Larrarte, determinó que Quenza Ramos incurrió en una falta disciplinaria debido a que omitió sus “deberes funcionales”. La representante del órgano de control señaló además que lo cometido por el político va en “contravía de los principios que rigen la moralidad y la función pública”.
Diputado Juan Alfredo Quenza Ramos ya había sido investigado por un presunto caso de extorsión
En hechos registrados a comienzos de junio de 2023, Juan Alfredo Quenza Ramos afrontó una investigación por estar presuntamente involucrado en un caso de extorsión en Arauca. Según indicó la Procuraduría General de la Nación en aquella oportunidad, las acusaciones fueron formuladas por el registrador especial del departamento, Iván Humberto Manosalva Romero, que denunció haber sido víctima del diputado por no acceder a las pretensiones económicas que él buscaba.
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Según explicó el denunciante, Quenza Ramos lo abordó en medio de la audiencia pública sobre la reforma a la salud y le pidió $30 millones. El dinero solicitado habría sido para que no se dieran a conocer algunos videos y chats de WhatsApp en los que se veía a Monsalva Romero haciendo campaña a un congresista de esa zona del país.
Así mismo, el registrador especial de Arauca manifestó que el diputado accedió “de manera fraudulenta” a sus cuentas de redes privadas para, desde allí, hacer algunas publicaciones. Por tal motivo, la procuradora Regional de Arauca, Carolt Larrarte, abrió una investigación disciplinaria contra Quenza Ramos, teniendo en cuenta que los hechos denunciados por Monsalva Romero reunían los requisitos previstos en el código 211 del Código General Disciplinario.