La creciente presencia del clan del Golfo en el departamento de Santander pone en riesgo la transparencia de las próximas elecciones territoriales, que se llevarán a cabo el 29 de octubre.
Las amenazas del grupo armado no tienen distinción y el alcalde Rionegro, Rubén Darío Villabona Pérez, informó que un candidato político fue interceptado por un grupo de delincuentes armados que lo amenazaron.
“En un consejo de seguridad que adelantamos el pasado lunes (27 de agosto), uno de ellos esbozó que fue interceptado en su caravana y que lo iban a matar, el caso ya está en manos de las autoridades competentes”, dijo el mandatario durante una reunión en la que participó la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía, Policía, Ejército y delegados del Gobierno nacional.
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El mandatario de Rionegro sostuvo que las amenazas no son solo contra los aspirantes políticos, sino también contra el personal de la salud y hasta contra él. Indicó que no hay trabajadores en el centro de salud del corregimiento San Rafael de Lebrija por amenazas contra los especialistas.
“Desde febrero advertimos que estaban siendo amenazados por sus labores. Cuando no atienden de manera oportuna a ‘ciertas personas’, son insultados y amenazados con armas blancas. Ningún médico del servicio social obligatorio quiere ir a San Rafael. Por ahora desconocemos si detrás de esto hay grupos delincuenciales, pero son situaciones que requieren investigación”, declaró Rubén Darío Villabona, quien pidió aumentar el pie de la fuerza pública en la región ya que las poblaciones son las que más sufren.
En cuanto a las amenazas en su contra, el burgomaestre de Rionegro dijo que lo habían sentenciado a muerte por su gestión: “Este humilde cristiano y servidor que está frente a ustedes, está amenazado de muerte, y después de esta reunión, Dios no lo permita, se aumenta”.
Tras la reunión con el mandatario y demás entidades estatales, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), brazo armado del clan del Golfo, en los corregimientos San José de los Chorros, Papayal y San Rafael de Lebrija, en el municipio de Rionegro en Santander.
De acuerdo con la entidad garante de los derechos, en esos territorios existe riesgo de vulneración de derechos contra la población civil que es víctima de extorsiones, amenazas, secuestros y además hay altas posibilidades de que los menores de edad sean reclutados e instrumentalizados para la realización de labores específicas de vigilancia.
“Hemos encontrado que este grupo armado ilegal quiere fortalecerse para continuar con su proceso de expansión territorial y control de economías ilegales derivadas especialmente del narcotráfico y la extorsión. Con su decisión de expandirse, buscan obtener estatus político, de cara a su participación en la paz total que lidera el Gobierno Nacional”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La entidad conoció que las fracciones de las AGC que hacen presencia en Santander son el bloque Arístides Meza Páez y el frente Edgar Madrid Benjumea, que pretenden controlar el corredor de movilidad para el tráfico de drogas, armas y el desarrollo de rentas financieras ilegales como la minería.
Ese sector del territorio santandereano fue dominado en el pasado por el bloque Central Bolívar, otrora estructura paramilitar que delinquió en varios departamentos de Colombia. Esa región es importante ya que los tres corregimientos están en un punto estratégico que permite la conexión entre el sur de Bolívar, Puerto Wilches, Bajo Rionegro, el sur del Cesar y la costa Caribe, lo que que posibilita las distintas formas de tráfico.
La importancia de la región es tal que el ELN estaría en disputa con las AUC en esa área rural lo que, según la Defensoría: “Podría derivar en homicidios selectivos o múltiples. En consecuencia, la situación se extendería a los corregimientos San José de los Chorros, Papayal y San Rafael de Lebrija, en Rionegro”.