Al término del acto de perdón encabezado por el Gobierno nacional por el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra a manos de un agente de la Policía en 2011, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó la muerte de dos uniformados en una vía del municipio Puerto Lleras, Meta tras la activación de una carga explosiva por parte de disidencias de las Farc.
Asimismo, el alto funcionario envió un fuerte mensaje a las estructuras residuales y dijo que presionar con ataques terroristas a la fuerza pública para establecer un cese al fuego no es el camino.
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Al respecto, sostuvo que estas son “acciones desarrolladas por la misma organización que han pretendido y lo han dicho en diferentes oportunidades que con acciones de esta naturaleza contra la fuerza pública entonces se presiona el cese con esa organización”. Incluso, reiteró que hasta Gustavo Petro rechazó esa postura y que con eso las Fuerzas Militares y de Policía no cederán en sus operativos.
“Ya había una respuesta desde hace varios días del propio presidente de la República en el sentido de que no íbamos a rebajar en la operación ofensiva”, añadió el jefe de la cartera de Defensa Nacional sobre las operaciones contra estructuras como el Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco.
En este ataque, perpetrado en la vía que conduce de Fuente de Oro a Puerto Lleras, sur del departamento, dejó una patrulla de la Policía destruida y dos uniformados más heridos. Con respecto a los asesinados, estos fueron identificados como Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán, comandante de la estación de Fuentedeoro, y Edinson Mauricio Vásquez, patrullero que iba manejando el vehículo al momento del atentado.
Los heridos fueron el teniente coronel Jonathan Mauricio Sandoval Suárez, comandante del Distrito de Policía de Granada (Meta) y el subintendente Víctor Alfonso Guerrero Cepeda, comandante de patrulla de vigilancia. De acuerdo con primeros reportes, ambos fueron atendidos por la comunidad de la zona y trasladados a un hospital cercano.
Tras el hecho, uno de los primeros en reaccionar fue el gobernador Juan Guillermo Zuluaga, que a través de su cuenta de X rechazó el hecho y envió un duro llamado a las estructuras del Estado Mayor Central que operan en esta región. Cuestionó sus intenciones de establecer un cese al fuego con el Gobierno nacional mientras ejecuta atentados contra la fuerza pública en esta y otras partes del país.
“En esta zona operan las disidencias de las Farc, las mismas que el otro fin de semana, al otro lado del río, estaban dando instrucciones por quién votar y quién no. Esos mismos que están pidiendo el cese al fuego, los mismos que están en negociación de paz son los que siguen atentando contra las instituciones, matando policías e intimidando a las comunidades”, manifestó el mandatario.
Por ello, solicitó hacer una ofensiva “muy dura” encabezada por la fuerza pública para capturar a los disidentes que operan tanto en Meta como en otros departamentos del país y llamó la atención del ministro de Defensa sobre el nuevo ataque.
Horas después del hecho, el director de la Policía, mayor general William Salamanca, anunció una recompensa de 100 millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de los responsables del ataque. Esta decisión fue tomada en un consejo extraordinario de seguridad que contó con las intervenciones del gobernador Zuluaga y el brigadier Carlos Huberto Rojas, director de la Jefatura Nacional del Servicio de Policía (Jesep).
“Ordené el desplazamiento del brigadier general Carlos Rojas a la zona, para avanzar en la investigación y dar con el paradero de los asesinos. Recompensa de hasta $100 millones”, sostuvo el alto mando policial.