El 16 de agosto de 2023 se registró una fuga masiva de personas privadas de la libertad que estaban recluidas en el Complejo Administrativo Cazucá (Soacha). Por lo menos 41 presos escaparon del centro de retención y, en medio de la huida, hirieron a un uniformado de la Policía Nacional.
“Estas personas se habrían abalanzado de manera violenta sobre uno de los custodios cuando este procedía a conducir a dos personas hacia el baño”, señaló el reporte dado a conocer por la Policía sobre los hechos.
De hecho, una de las cámaras de seguridad del lugar logró captar cómo el uniformado se acerca a una de las celdas para abrir la puerta y, luego de que permite que dos de los presos salgan, un tercero se abalanza sobre él para evitar la fuga masiva. Luego, salen todos los demás.
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Debido a la fuga masiva, que ya es investigada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) por presuntas irregularidades que pudieron presentarse y que permitieron el escape de los privados de la libertad, el organismo de control requirió al alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria.
La PGN solicitó al mandatario local revisar cuál es el estado actual de los centros de retención en los que permanecen personas que están siendo procesadas penalmente. En ese sentido, solicitó evaluar las condiciones de seguridad del Complejo Administrativo Cazucá, incluyendo las celdas.
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De hecho, con respecto a las celdas, el alcalde debe verificar que se cumplan con las exigencias legales para garantizar las condiciones en que deben estar recluidas las personas procesadas.
“La entidad también hizo hincapié en la norma que especifica que “el traslado por protección en ningún caso se realizará en sitios… de reclusión de personas retenidas a la luz del ordenamiento penal”, a pesar de lo que en Soacha ambos se encuentran en el mismo espacio físico, solo diferenciados por las denominaciones que recibe cada uno de ellos, por lo que instó a Saldarriaga Gaviria a tomar medidas al respecto”, explicó el organismo de control en un boletín informativo.
En ese sentido, el funcionario tiene 10 días para presentar un informe completo en el que detalle los hallazgos de la evaluación de los centros de retención, el plan de acción que se llevará a cabo para solucionar los problemas de seguridad, los responsables y el cronograma de ejecución del plan. Según la PGN, esta no sería la primera vez que la entidad le “recuerda” al mandatario local sus obligaciones con respecto al manejo de la problemática.
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Con respecto a la investigación que adelanta la Procuraduría por este caso, en un boletín informativo, el organismo de inspección informó que ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana de Soacha y de la Alcaldía Municipal por presuntas irregularidades que permitieron la fuga de las personas que estaban recluidas en el centro de retención.
En ese sentido, para establecer qué personas en específico de la Policía y de la Alcaldía serán investigadas por presuntas faltas disciplinarias, la Procuraduría solicitó pruebas de oficio.
Además de eso, indicó que funcionarios de la Procuraduría Provincial de Fusagasugá estuvieron en las instalaciones en cuestión con el objetivo de inspeccionar y verificar las condiciones en que se encuentran. Allí también llevó a cabo la recolección de testimonios para poder esclarecer los hechos.
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