El Consejo de Estado aceptó la solicitud de nulidad que radicó el distrito contra el laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá en abril de 2023, con respecto al litigio entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), concesionario que ganó la licitación para operar del relleno sanitario Doña Juana.
El fallo del tribunal dejó establecido que la Uaesp debía pagarle $65.000 millones al CGR, al considerar que este último había dejado de recibir esa cantidad de dinero por un desajuste en la remuneración. En un inicio, el Centro de Gerenciamiento había solicitado el pago de $1.2 billones, sin embargo, el tribunal decidió que solo serían $65.000 millones y, además, ordenó que el CGR debía entregarle a la Uaesp la suma de $4.200 millones por incumplimientos en el Contrato de Concesión 344 de 2010.
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Ahora, con la determinación del Consejo de Estado, lo dispuesto por el tribunal de arbitramento quedó anulado y el distrito ya no tendrá que pagar nada al CGR. “¡Gran noticia para el bolsillo e interés general de los bogotanos! (...) Agradecemos su oportuna intervención y la valoración de nuestra defensa de los bogotanos”, indicó la alcaldesa Claudia López en X (antiguo Twitter), al dar a conocer la decisión.
López añadió que, teniendo en cuenta la decisión del Consejo de Estado, podrá continuar con el proyecto que busca transformar el relleno sanitario en una planta de generación de energías limpias.
De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, las basuras pueden transformarse en energía por medio de un proceso térmico moderno. Por eso, la planta funcionará con los ingresos que se generen en la venta de energía y de cenizas, y por la tarifa, que no se incrementará para los usuarios.
Además, operará con tecnología de punta, cuyo objeto es limpiar las emisiones atmosféricas y disminuir en un 66% los gases de efecto invernadero y los lixiviados.
“Aquí trataremos entre 2.300 y 3.000 toneladas de residuos al día; alrededor de 900.000 al año y se producirán de 100 a 128 megavatios por hora; energía suficiente para proveer cerca de 40.000 hogares o a todo el alumbrado público de la ciudad”, señaló la Alcaldía de Bogotá en un video.
Además, la alcaldesa criticó el sistema de justicia colombiano, al cual señaló de fallar “a la medida” de lo que desean los favorecidos con sus decisiones. “La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el Interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés (para decir lo menos) para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos sastre, a la medida de intereses particulares y contrarios a la Ley”, puntualizó López en la red social.
Según datos dados a conocer por la mandataria, al menos cinco contratistas han sido multados, sancionados y caducados en su administración por obras que dejaron inconclusas. En esa medida, aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para proteger y defender los recursos de los bogotanos. “Hasta el último día en la Alcaldía seguiremos defendiendo a los Bogotanos de los abusos de concesionarios o contratistas”, dijo.