Presidente del Consejo de Estado emitió reparos a la propuesta de Petro de presentar una reforma a la justicia

En medio de los hallazgos y decisiones tomadas sobre el escándalo de Odebrecht y los sobornos para hacerse con la construcción de la Ruta del Sol II, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una comisión especial para la redacción de un proyecto de reforma a la justicia que será presentado ante el Congreso de la República.

Al respecto, el mandatario sostuvo que “La red de corrupción en la Ruta del Sol tiene un agravante: un Fiscal General de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República”.

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Dicho anuncio generó diversas reacciones en los principales estamentos de la Rama Judicial sobre los riesgos que tendría dicha propuesta. El fiscal General, Francisco Barbosa, sostuvo que esta iniciativa podría afectar la separación de poderes dependiendo de los objetivos centrales del Ejecutivo.

Sobre esto, sostuvo en diálogo con El Tiempo que, tan pronto sea presentado el articulado, desde el ente de control acudirán al Legislativo a exponer su punto de vista “en el marco del respeto institucional, como siempre lo hemos hecho”. Pero a pesar de su desacuerdo, indicó que no entrará en discusiones sobre una reforma que el país no conoce.

En esa línea, el presidente del Consejo de Estado, Jaime Enrique Rodríguez, sostuvo ante el medio citado que se deben priorizar otras iniciativas y que, en ese sentido, Colombia no necesita de forma apremiante una reforma al sistema actual de justicia.

Dijo que unos cambios estructurales en esta materia no presentan la urgencia necesaria a comparación de otras iniciativas enfocadas en la protección ciudadana y que debe haber un enfoque en proyectos que siguen en discusión o que solo falta la sanción; como el que crea la jurisdicción agraria y las reformas a los sistemas de salud y laboral.

En esa medida, reiteró que no hay que advertirle nada al presidente sobre las modificaciones al sistema judicial y que no es necesario alterar elementos como el control de constitucionalidad y que recursos como la acción de tutela deben tener protección especial para la garantía de derechos.

Ahora, con respecto al ‘choque de trenes’ entre el presidente Petro y la procuradora Margarita Cabello sobre las sanciones contra funcionarios elegidos por voto popular, el magistrado Rodríguez Navas sostuvo que ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el alcance del derecho internacional y las facultades que tiene el Ministerio Público para proferir decisiones de ese tipo.

A pesar de que debe haber una decisión unificada respecto de la reforma a la Procuraduría, el togado “es normal en función de la autonomía judicial” los disensos siempre y cuando estén contemplados bajo el principio de exequibilidad.

Sin embargo, sobre la opción de presentar una reforma desde el Consejo de Estado precisó que han tenido acercamientos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, para la instalación de mesas de trabajo de cara a elaborar una iniciativa concertada y otras reuniones que no avanzaron a la espera de la sentencia por parte de la Corte.

“La decisión de la Corte Constitucional contempla dos escenarios: uno, de corte inmediato que es la interpretación a la ley y otra que es una exhortación al Congreso para que desarrolle una iniciativa legislativa que regule todo el régimen jurídico de los servidores elegidos por voto popular”, explicó el presidente del Consejo de Estado sobre las decisiones de inhabilidad que ahora pasarán por un primer filtro antes de ser ratificadas.