Ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, el exembajador en Venezuela Armando Benedetti radicó una denuncia penal y una queja disciplinaria en contra de la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que lleva varias investigaciones en su contra. Para la defensa de Benedetti, la togada habría cometido, presuntamente, los delitos abuso de función pública y prevaricato.
Esta denuncia la hizo el exsenador dos días después de conocida una nueva recusación en contra de Lombana y que motivó su inasistencia a la audiencia programada para el 15 de agosto, la cual tuvo que aplazarse. A Benedetti se le investiga por interés indebido en la celebración de contratos relacionados con el caso del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
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Así como en la recusación, en las denuncias penal y disciplinaria que radicó la defensa de Benedetti, se advierte que la magistrada, pese a haber perdido competencia para investigarlo tras su nombramiento como funcionario diplomático, habría retenido por cerca de un año tres pesquisas en su contra que no fueron remitidas a la Fiscalía que, para la defensa del exembajador, tiene la competencia para investigarlo.
Además, expusieron que Lombana había insistido, ante el Tribunal Superior de Bogotá, en mantener en su despacho las investigaciones contra Benedetti. Esto pese a que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en decisión mayoritaria, determinó que estas deberían trasladarse a la Fiscalía General de la Nación.
También se cuestiona que Lombana haya ordenado una inspección judicial al proceso por enriquecimiento ilícito que cursa en contra de Benedetti, pues a juicio de la defensa del exsenador, esto solo tenía como interés examinar las actuaciones del fiscal al que le fue asignado el caso sin tener competencia para ello.
Benedetti explicó el porqué de las recusaciones en redes sociales
En Twitter, el exembajador se pronunció sobre la recusación, explicando sus razones y dijo que espera que se le den las garantías para tener un juez imparcial.
Su segundo argumento fue que la togada “libró una orden de trabajo para conocer y auditar cómo el fiscal competente en ese momento manejaba el caso, cuestionando sus acciones y dejando claro en sus decisiones (sin competencia) que no es un juez imparcial. De hecho, da muestras de considerarme culpable”.
Por todo esto, el exsenador advirtió que “configura una grave extralimitación de sus funciones y una violación de mis derechos por parte de quien debería ser un juez imparcial. Confío en la Corte Suprema de Justicia y su buen juicio para sacar adelante mis procesos. Solo pido ser investigado y no perseguido”.
Finalmente, sostuvo que espera tener un juicio justo y un juez imparcial. De paso, reiteró que es inocente:
Vale recordar que, uno de los casos por los que es investigado el exsenador es por un presunto caso de corrupción en Fonade, en donde se habría direccionado contratos para beneficiar a congresistas y otros políticos.
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