En los chats que Daysuris Vásquez le entregó a la Fiscalía General de la Nación en la investigación en contra de Nicolás Petro por no poder justificar más de 1.000 millones de pesos, se evidenciaría un nuevo hecho de corrupción en el que ella estaría involucrada, así como funcionarios públicos y contratistas del Atlántico.
Los hallazgos fueron revelados por el ente acusador en las audiencias de imputación de cargos en contra de Petro Burgos y mostrarían un presunto interés indebido en un contrato del departamento con la Fundación Conciencia Social relacionado con la atención de adultos mayores para mitigar los síndromes geriátricos.
Entre la evidencia recolectada hay mensajes de WhatsApp, documentos de pdf, audios y registros, que ameritaron que el juez 74 de control de garantías advirtiera la necesidad de compulsar copias para abrir una investigación por separado, algo que el fiscal Mario Burgos aseguró que ya se adelanta en su despacho.
La entidad encontró que la propia Day Vásquez hablaba en agosto de 2021 con el contratista llamado Gustavo De la Ossa, representante de la fundación, para recomendarle a la psicóloga Andrea Fernanda Henríquez Villalba para el proyecto y para pedirle detalles de la propuesta a unas correcciones que se pidieron para ella hacérselos llegar a Raúl Lacouture, un funcionario de la Gobernación.
De la Ossa responde con preocupación debido a que aquellas correcciones implicarían la implementación de más mecanismos de control, lo cual sería problemático para sus intereses. “Si nos ponemos a especificar, tenemos más mecanismos de control. Voy a trabajar en esto a ver qué podemos hacer. Pero lo que me preocupa es eso, hay que hablar con Raúl y decirle, ajá, lo que se quiere. Si establecemos más mecanismos de control dentro de la propuesta, la interventora podrá exigir más y no nos podrá... los objetivos que queremos (....)”, dice el contratista en su chat con Day Vásquez.
Según la Fiscalía, Vásquez se habría comunicado con Lacouture para solucionar ese problema y adicionalmente recomendó a un primo suyo llamado Kesey Samir Cuesta Rocha para trabajar en el proyecto. Adicionalmente, acordó con el contratista los montos que personas cercanas a ella y a Pedro Name ―primo del senador José David Name― iban a percibir por hacer parte del contrato. Entre las personas incluidas estaba la mamá de Vásquez, para quien ella pidió no menos de seis millones de pesos.
El contrato, con una inversión de 400 millones de pesos, se abría distribuido de la siguiente manera: 120 millones de pesos para Day Vásquez y 40 millones para De la Ossa y Pedro Name.
Después de haber hecho todos estos acuerdos, habría quedado pendiente el anticipo del 40% del contrato. En los mensajes también habría quedado evidenciado que los interesados ya tendrían planeado el siguiente contrato, correspondiente al 2024, con la misma intención y con la misma fundación y también relacionado con la atención a personas de la tercera edad. En un audio, Day Vásquez menciona que para ello se encontraría con Elsa, quien presuntamente sería Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.
Elsa Noguera, cercana a Day Vásquez porque es madrina del hijo que tuvo con Pedro Name, anunció para el 2022 la contratación de la Fundación Conciencia Social, lo cual dejó en evidencia las irregularidades en el proceso de adjudicación.
Ante todas estas revelaciones hechas en la audiencia, el juez 74 de Control de Garantías dijo que todos estos hallazgos deberán investigarse porque exceden las imputaciones que la Fiscalía le hizo a Nicolás Petro y a Day Vásquez. Incluso llegó a decir que todo esto evidenciaría una “feria de las hojas de vida, para poder cumplir ciertos condicionamientos frente a esos contratos”.