Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

A través de un comunicado, la estructura criminal se adjudicó el atentado en el que murió la uniformada de 28 años, en hechos registrados el 2 de agosto de 2023

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Desde la estructura criminal señalaron que el asesinato de la patrullera obedeció a "acciones propias del conflicto". Foto: Infobae Colombia
Desde la estructura criminal señalaron que el asesinato de la patrullera obedeció a "acciones propias del conflicto". Foto: Infobae Colombia

Las disidencias de las Farc se atribuyeron el asesinato de la patrullera Paula Ortega registrado el miércoles 2 de agosto del 2023 en Neiva (Huila). A través de un comunicado, la estructura criminal se adjudicó al atentado en el cual falleció la uniformada, en una situación que denominaron como una “acción propia” del conflicto armado.

El grupo armado, que dio a conocer el comunicado a través de redes sociales, señaló que el atentado contra la patrullera también está relacionado con el cese al fuego que suspendió el Gobierno nacional con la estructura criminal, una medida que los delincuentes estarían buscando reanudar nuevamente. De hecho, desde las disidencias resaltaron que este tipo de hechos están relacionados con la “realidad que afronta el país”.

“Lo realizado el día de ayer, en la cual resultó muerta la patrullera de la Policía, Paula Cristina Ortega Córdoba, en Huila, son acciones propias de una organización que no está en el cese al fuego con las fuerzas armadas, porque el gobierno nacional se abstuvo de prorrogarlo. Este es la realidad de nuestro país, en los que se ven inmersos todos los actores de la guerra, donde se pierden mujeres y hombres valiosos para la patria”, indicó el Estado Mayor Central de las Farc.

Pocas horas después de que se registrara el asesinato de la patrullera, algunas versiones indicaban que el atentado obedecía a un Plan Pistola que estarían adelantando las disidencias de las Farc contra miembros de la Policía Nacional. De hecho, existía la posibilidad de que altos mandos de la estructura criminal estuvieran pagando hasta 4 millones de pesos por cada uniformado asesinado, señalamiento que rechazaron.

Los disidentes indicaron que, después de adelantar comunicaciones con unidades de la organización desplegadas en diferentes sectores del territorio nacional, lograron determinar que la información era falsa. Desde el grupo subversivo indicaron que las bases ideológicas de su estructura, ceñidas bajo principios éticos y morales, dictan los pasos a seguir en acciones militares de este tipo.

En el mismo texto, la estructura criminal arremetió contra los medios de comunicación. Para ellos, estos serían grandes promotores del conflicto armado que se vive en Colombia y que mantiene paralizadas varias regiones del territorio nacional.

“Hoy, hacen ecos las voces de los precursores de la guerra por medio de los grandes promotores de los resentimientos y las mentiras, como son los medios de comunicación, al servicio de patrones de la oligarquía colombiana a los que se les omite la corrupción y las masacres que han fomentado, para expandir su poder y someter al pueblo a través del terror”, indicaron desde el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

La estructura criminal manifestó que, en el escenario de guerra en el cual se encuentran inmersos con las fuerzas militares, no es posible llevar a cabo un diálogo de construcción de paz. Para ellos, esto constituiría una práctica equivocada “puesto que no genera las condiciones de confianza necesarias para llegar a una verdadera paz”.

Nelson Ocampo Morales y Yeison Fernando Ramírez Fajardo, presuntos asesinos de la patrullera Paula Cristina Ortega, miembros de las disidencias de las Farc, fueron detenidos en la vereda San Antonio de Anaconia, cerca del corregimiento de Vegalarga, zona rural de Neiva. Una vez fueron detenidos, a menos de tres horas de que se registrara el atentado, los sindicados fueron trasladados a un centro penitenciario de la capital del Huila.

Horas después, la Fiscalía General de la Nación les imputó a los acusados los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado, además de hurto calificado y agravado, y ocultamiento de elemento material probatorio. Los sindicados no aceptaron los cargos y permanecen en poder de las autoridades.