Durante la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, el fiscal del caso, Mario Burgos, solicitó al juez que este recurso solo sea aplicado al hijo del presidente de la República y no a su expareja.
De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, si bien ella fue imputada con los delitos de enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, para ella amerita una medida no restrictiva de la libertad debido a que “supera con creces los cuatro años de prisión” y explicó que esas conductas sí son investigables de oficio.
Posteriormente, Burgos indicó que su intervención iba a estar centrada en tres puntos: exponer los hechos jurídicamente relevantes ya expuestos desde la audiencia de imputación; la relación de los elementos materiales probatorios que sirven de base sobre inferencias.
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Como tercer requisito, indicó que pretendía explicar las razones que permitieron vincular tanto a Petro Burgos como a Vásquez Castro en los delitos ya mencionados. Acto seguido, expuso los hechos considerables consignados en una línea de tiempo elaborada por el ente de control.
En primera instancia, explicó que para el momento en que fueron cometidos los ilícitos Petro y Vásquez estaban casados, motivo por el que la Fiscalía expuso el acta civil de matrimonio fechado del 11 de abril de 2019. Posteriormente, precisaron nueve conductas cruciales tenidas en cuenta dentro de las pesquisas.
Justamente, el matrimonio entre la ahora expareja fue el punto de partida tenido en cuenta en las pesquisas. Como segundo momento se tuvo en cuenta la posesión de Petro Burgos como diputado de Atlántico (1 de enero de 2020) así como la firma del contrato de compraventa en Villas de Palmarito en Tubará, mismo departamento, en octubre de ese año.
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En este punto, Burgos se detuvo para explicar que “el precio del bien inmueble objeto del presente contrato es la suma de 334.938.000 pesos y eso fue lo que se comprometieron a pagar como efectivamente sucedió”.
En mayo de 2021, Petro Burgos y Vásquez recibieron 24 millones de pesos por parte de Máximo Noriega, señalado por presunta compra de votos en el Caribe. El 5 de junio de ese año, fue pactado un contrato de arrendamiento de una unidad residencial en Barranquilla a nombre de Daysuris y cuyo deudor solidario fue el hijo del presidente. Allí Gabriel Hisalca Acosta, hijo de Alfonso Hilsaca Eljaude, conocido como El Turco, le entregó un dinero al hoy imputado.
A finales del mes siguiente, Nicolás Petro sostuvo una reunión con Máximo Noriega para la entrega de otra suma de dinero en efectivo entregada en una maleta. La Fiscalía también tuvo en cuenta un audio en que se habló del dinero que tenían en su vivienda.
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“Amor, yo creo que lo de la casa podemos aguantarlo un poquito porque mira: ahí se supone que hay 60 –millones de pesos–; de esos 60 tú vas a coger 10, ya serían 50. Yo voy a coger 18, ya serían ehhh... 32. Vamos a pagar un mes de arriendo, ya serían veintipico. Vamos a darle los cuatro millones al señor, ya serían veintipico. Hay que darle al abogado un medio, ya estaría en casi 20. Ajá, las cortinas, el mueble, terminar de pagar el mueble del televisor, entonces yo creo que nos podemos quedar muy cortos”.
Petro Burgos continuó haciendo cuentas, todas estas sobre el monto inicial de los 60 millones: “Acuérdate que hay que hacer mercado, pagar muchacha —empleada del servicio—; pagar los servicios del otro mes, entonces yo creo que lo de la casa puede aguantar hasta final del otro mes”. En un segundo audio, el ahora exdiputado (pues renunció a ese cargo también durante la audiencia) pidió a su entonces esposa hacer nuevos cálculos basados en los similares formulados por él.
“Si tengo la posibilidad de pagar lo de Pichincha que es tres millones y medio, porque si salgo de eso tú sabes que puede iniciarse el trámite bancario”, sostuvo Petro en el audio mostrado como evidencia por la Fiscalía del manejo de dineros presuntamente ilegales.
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