Marlene Buitrago Garzón, trabajadora sindicalista de la Universidad Nacional, fue víctima de un montaje para ser capturada y procesada por porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
El hecho ocurrió en medio de las manifestaciones del paro nacional de 2021 y, solo dos años después, los abogados lograron desmontar las falsas pruebas; señalan que se trató de un intento por desprestigiar la protesta social.
La Jueza Segunda Penal Especializada de Bogotá ordenó excluir las pruebas que llevaron a la imputación en contra de Buitrago. “En este caso pudimos probar que todo fue un montaje realizado por integrantes de la Policía Nacional que indujeron el error tanto la Fiscalía como a jueces de control de garantías”, explicó a Infobae Colombia la abogada defensora Yessica Hoyos, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
La Policía presentó a la Fiscalía una declaración de una supuesta fuente anónima que aseguraba ser un estudiante que durante las marchas de mayo del 2021, uno de los meses de mayor convulsión, dijo haber visto que Buitrago tenía armas que podían ser utilizadas en contra de la fuerza pública para realizar disturbios. Ella era trabajadora de los laboratorios y había participado en algunas manifestaciones.
A raíz de la declaración, uniformados de la Policía realizaron una supuesta labor de vecindario y presentaron un informe para que se autorizara un allanamiento a la vivienda de la empleada de la Universidad Nacional.
“Llegan muchísimos hombres de la Policía, la señora Martín incluso se encuentra sola con su nieta, una niña menor de 10 años de edad y allí supuestamente le encontraron una granada lacrimógena”, afirmó Yessica Hoyos.
Buitrago fue detenida en el procedimiento y pasó toda la noche en la URI. Al día siguiente, fue presentada ante un juez de control de garantías que avaló las pruebas, sin embargo, no concedió la medida de aseguramiento que se solicitó porque consideró que no representaba un peligro para la sociedad; por lo que la mujer pudo afrontar el proceso judicial en libertad.
“Pudimos demostrar que esa declaración inicial no era de ningún estudiante, sino de un integrante de la Policía Nacional es decir, todo se construyó a base de mentira. Todo era falso, desde la declaración hasta el posible hallazgo de la granada, porque fue implantada. Nosotros pudimos establecer con en el equipo de defensa del colectivo de abogados y abogadas que (la granada) ya había sido gastada en un curso del Esmad”, explicó Hoyos Morales.
Tras la decisión del juzgado, la investigación dio un vuelco. Se ordenó la investigación penal y disciplinaria de dos agentes de la Policía que estarían presuntamente involucrados en los hechos, pero podría extenderse a otros que estarían involucrados.
“Nosotros creemos que el objetivo de realizar este tipo de montajes era criminalizar el derecho a la protesta social. Estamos hablando de una señora que es trabajadora de la Universidad Nacional que además pertenece a una organización sindical a la organización sindical de la Universidad Nacional y está claro que acá siempre se persigue a las organizaciones sindicales. El objetivo era empezar a mostrar como si realmente la gente que estuviesen capturando tuviese elementos prohibidos por el Código Penal para criminalizar la protesta social”, sostuvo la abogada.
Para el 2021, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 1.970 capturas en el contexto de las protestas, 1.685 realizadas bajo el concepto de flagrancia y 285 con orden judicial.
Entre agosto de ese año y junio de 2022, como lo establecieron después relatores de libertad del mismo organismo internacional, fueron procesadas 110, de las cuales 15 fueron mujeres, por entre otros delitos, el de tráfico, fabricación y porte de armas o explosivos de uso privativo de las fuerzas militares.
Hasta el 7 de octubre de 2022, 228 personas se encontraban judicializadas, 145 privadas de la libertad, 113 en la cárcel y 32 en su respectiva residencia.