Durante la tarde del miércoles 2 de agosto se conoció la decisión de un juez de la República de condenar a 37 años y seis meses de prisión a Ángel Orlando Colina, alias Angelo, responsable del asesinato de la periodista Natalia Castillo en Bogotá.
De acuerdo con la decisión, las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación determinaron que la profesional, que para ese entonces trabajaba en la ONU, y dos de sus amigos fueron abordados por Colina a la salida de un bar en el sector Galerías para después cometer el hurto y posterior crimen de la joven.
Lugo, según el dictamen del juez, “deberá continuar privado de la libertad y purgar la pena impuesta en la presente sentencia, en establecimiento penitenciario que para tal efecto determine el Inpec”. De igual manera, reseñó que el delincuente quiso apartarse de la investigación alegando inocencia, sin embargo, el material probatorio fue contundente para su condena.
“Por el contrario, —la evidencia— demuestra que sí intervino en los hechos y por ende no es cierto que se haya enterado de los mismos a través de los medios de comunicación, según lo ha indicado en una clara estrategia defensiva”, agregó el juez de conocimiento de Bogotá.
Luego de escuchar la condena, el asesino de la periodista manifestó que pasaría su vida en la cárcel y que no presentaría un recurso de apelación. “Prácticamente, me están condenando de por vida, voy a morir aquí preso”, dijo el ciudadano de origen venezolano.
El 29 de junio la Fiscalía había anunciado la condena contra Angelo, a través de un sentido de fallo condenatorio. En la decisión se determinó que el sujeto fue hallado responsable de los delitos homicidio agravado, hurto agravado y calificado, y acceso abusivo a un sistema informático.
En aquella diligencia, el fiscal del caso Daniel Gómez Acuña pidió una condena superior a los 34 años de prisión contra el sentenciado.
“Por el delito más grave en este caso el homicidio agravado, la Fiscalía pide una condena de 400 meses. Solicita (...) Aumentar la pena en un año por los delitos de hurto calificado y agravado y hurto por medios informáticos”. De igual manera, sugirió al juez considerar otro aumento de tres años de cárcel de acuerdo con lo contemplado en el artículo 31 del Código Penal.
Sobre esto, también había argumentado que “se trata de fenómenos delictuales que merecen una mayor drasticidad (sic) por la pérdida de una vida y unos bienes”. También hizo un recuento del actuar de los delincuentes contra la asesora de comunicaciones de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
El fiscal Gómez Acuña relató que los delincuentes, incluyendo Angelo, “se dirigen al sector de Galerías, hurtan, trasladan el celular, lo entregan, lo desencriptan en 57 minutos; retiran 600 mil pesos de un cajero en Medellín y dicha persona es quien sindica a otro de los coautores: el señor Colina Lugo”. De paso, indicó que tras testimonios entregados por policías, se determinó que el condenado no tenía permiso para portar el arma con la cual fue asesinada la periodista.
El hurto y muerte de la joven
Castillo y dos de sus amigos salieron de un bar ubicado en el barrio San Luis del sector Galerías. Momentos después fueron abordados por dos sujetos de nacionalidad venezolana, entre ellos el actual condenado.
A uno de los acompañantes de Castillo le arrebataron un celular, mientras que a otra su monedero. Las tres personas fueron amenazadas con un arma traumática, mientras que la periodista se aferró a su cartera.
En medio de ese forcejeo, fue lanzada al piso y arrastrada por varios metros y posteriormente recibió un disparo. Angelo y su cómplice escaparon en un vehículo que los esperaba y huyeron hacia el barrio Santa Fe, centro de la ciudad. Allí accedieron a la información del teléfono. Mientras eso ocurría, Castillo fue llevada a la Clínica Palermo, donde falleció horas después.