El nombre de Mario Andrés Burgos Patiño se ha hecho conocido en los últimos años por la confianza que tiene en la dirección de la Fiscalía General de la Nación. A él se le han encargado varios casos de relevancia e interés público y es ahora quien investiga al hijo del presidente de la República, Nicolás Petro, señalado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con su hoja de vida, Mario Burgos es pastuso, abogado de profesión, especializado en derecho penal. Desde el 2008 al 2014 trabajó en la Rama Judicial y desde entonces ingresó a la Fiscalía donde se desempeña como fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde devenga un salario de más de $13 millones de pesos.
Se dice que es uno de los funcionarios del círculo de confianza de la vicefiscal Martha Mancera, a quien conoció en 2017 en la Unidad Especial de Investigación, según Cambio. Allí llegó a trabajar junto con Luisa Obando, su actual jefa en Seguridad Ciudadana, con quien forjó amistad al entrar a la Fiscalía. Ahora los tres son un poderoso grupo dentro del búnker.
El caso que quizá más fama le dio a Burgos Patiño fue el del homicidio del estilista Mauricio Leal y su madre, presuntamente a manos de su hermano Jhonier Leal. Su papel en las audiencias que llevaron a la aceptación de cargos, pese a que después se retractó, le valió elogios del mismo Francisco Barbosa que lo felicitó por haber permitido conocer el trabajo de la Fiscalía en una audiencia que fue vista por millones de personas.
Antes de ese caso, Burgos Patiño había recibido el proceso en contra de Amanda Azucena Castillo, rectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, en el que Sergio Urrego fue víctima de discriminación. Tras cerca de seis años de litigio, logró demostrar que la mujer había sido responsable de la determinación que tomó el joven por el acoso del que fue víctima en la institución al conocer que era homosexual y así fue condenada en el 2021.
Ese año, Burgos también recibió uno de los casos emblemáticos de la violencia policial en el paro nacional. Es el fiscal que investiga el homicidio de Santiago Murillo, el joven muerto el 1 de mayo por el disparo de un policía por el que ha sido acusado el mayor Jorge Mario Molano. Pero este caso no se cuenta en su lista de éxitos, sino que le genera varias críticas a su papel como investigador y acusador.
La prueba balística es contundente y señala que la bala que asesinó a Murillo provino del arma de dotación del mayor Molano, entonces comandante de la Estación de Policía Norte de Ibagué. Burgos prometió a los padres del joven que el caso no quedaría impune, pero su promesa no se ha cumplido.
Pese a la prueba reina del proceso, el indiciado quedó en libertad. “No entiendo cómo, con todo esto y la magnitud del caso, los fiscales y abogados permitieron que quedara libre por vencimiento de términos, cuando esto en su oficio es el pan de cada día y hasta un estudiante de derecho lo hubiese podido evitar. Siempre he denunciado que aquí hay intereses de Estado, institucionales y políticos interviniendo en el caso, sintiéndome totalmente desprotegida en el mismo”, señaló a Infobae Colombia la madre de la víctima Milena Meneses.
Burgos también estuvo al frente del caso de Enrique Vives, quien borracho y alta velocidad el 13 de septiembre de 2021 atropelló a un grupo de adolescentes en Santa Marta y le causó la muerte a seis de ellos. En menos de un año, el político y empresario fue condenado. En 2022 asumió Burgos Patiño el caso de Marcelo Pecci que también avanzó con éxito hasta lograr la captura y judicialización, al menos, de quienes ejecutaron del crimen del fiscal antimafia de Paraguay.
Uno de los casos en su despacho que muestra su confianza dentro de la Fiscalía es el de José Manuel Gnecco, acusado de asesinar a su esposa María Mercedes en su casa en San Andrés. En una audiencia en julio, Burgos utilizó el avión del fiscal general para trasladar al acusado hasta la isla, según Cambio. Una libertad que no se puede dar cualquier funcionario y que muestra los recursos que tiene a su disposición para su trabajo.
Con ese expediente, Burgos es quien ha adelantado la investigación en contra de Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por lo pronto se ha cuestionado la solicitud de orden de captura en contra del diputado y su exesposa Day Vásquez antes de realizar la audiencia de imputación.