Procuraduría de Barranquilla revocó solicitud de traslado de Emilio Tapia al batallón de Malambo

Argumentando presuntas irregularidades, la entidad dejó sin efecto dos oficios emitidos el 10 de julio,en los que se solicitaba al Ejército Nacional el traslado del contratista

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Emilio Tapia se encuentra recluidó en la Penitenciaria El Bosque de Barranquilla por su papel en el denominado Cartel de la Contratación del MinTIC (Archivo)

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla revocó y dejó sin efectos el viernes 14 de julio los oficios en los cuales se ordenaba el traslado del empresario Emilio Tapia, conocido como el zar de la contratación, desde la Penitenciaría El Bosque donde se encuentra recluido, al Batallón Militar Francisco Javier Vergara y Velasco del municipio de Malambo, Atlántico.

Mediante cuatro oficios emitidos por la entidad a la jueza primera de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla, Claribel Fernández; el comandante del Batallón de Ingenieros, teniente coronel Mauricio Calvo Restrepo; la directora regional norte del Inpec, María Alexandra García, y el brigadier general del Ejército Nacional, Jaime Torres; el argumento de la Procuraduría de la capital del Atlántico para revocar la solicitud de Obeso, indica que “existe una ostensible violación de una orden judicial por una extralimitación de funciones del personal del Batallón de Ingenieros General Vergara y Velasco en Malambo”.

Según recordó El Heraldo, el 3 de junio el juez Primero Promiscuo municipal de Malambo, Franklin de Jesús Bedoya Mora, con funciones de control de garantías y conocimiento; ordenó que se trasladara a Emilio Tapia al Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional de la misma población.

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Esto se hizo en cumplimiento de una acción de tutela interpuesta contra el Inpec, donde aparecieron como demandantes los familiares del condenado por corrupción, argumentando la defensa de los derechos fundamentales a la “unidad familiar, interés superior del menor, igualdad y dignidad humana” para que sus familiares estuvieran más cerca del contratista, acusado por la Fiscalía de ser una ficha clave en la apropiación de recursos públicos del proyecto Unión Temporal Centros Poblados en 2021, en el que terminó salpicada la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen.

Como dicho traslado no tuvo lugar, el medio barranquillero especuló con que los abogados de Tapia Aldana habrían buscado a un funcionario de la Procuraduría afín a sus intereses para ejercer presión sobre el Ministerio Público y agilizar el traslado de su representado.

De ahí que las sospechas recayeran sobre el funcionario Óscar Obeso Hernández, con rango de profesional universitario grado 17, que firmó los oficios 3571 y 3572 con fecha del 10 de julio de 2023, en los que ordenaba el traslado de Tapia “de manera inmediata las órdenes judiciales reiteradas por las células judicial e informamos de su cumplimiento, en su defecto, evaluaremos la suspensión provisional de los cargos de quienes corresponda por posibles faltas disciplinarias…”.

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Sin embargo, la Procuraduría de Barranquilla, por intermedio de su procurador Jorge Antonio Vásquez, señaló en un auto donde explica que Obeso Hernández no tiene facultades para autorizar el traslado de Tapia:

Con la notificación de la revocatoria del traslado de Emilio Tapia al batallón militar de Malambo, la Procuraduría de Barranquilla informó que ya había enviado un informe “detallado de las presuntas irregularidades evidenciadas por el despacho” en los oficios aprobados por Óscar Obeso Hernández, a la Veeduría adjunta a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de adelantar la investigación correspondiente.

Lo anterior va en concordancia con la información reportada por Semana, en la que se apunta que la Procuraduría de Barranquilla realizará una investigación interna contra Obeso Hernández por sus actuaciones en este caso.

Cabe recordar que en el batallón de Malambo se encuentra actualmente recluida la excongresista Aída Merlano, que fue trasladada en junio de 2023 luego de tres meses en El Buen Pastor de Bogotá y argumentando supuestas amenazas de muerte.

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