El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, denunció que el grupo armado paramilitar denominado Águilas Negras volvió a enviar pasquines amenazando de muerte a varios abogados y magistrados del tribunal que investigan desapariciones forzosas en el conflicto armado de Colombia.
De acuerdo con Vidal, los mensaje amenazantes llegaron a través de correos electrónicos a dos abogados y una psicóloga de la JEP que trabajan en poblaciones de Caquetá y Putumayo, donde investigan un macro caso de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, perpetradas por las Fuerzas Armadas en colaboración con paramilitares.
“Hace dos meses confirmamos y pusimos en conocimiento de las autoridades las amenazas contra los magistrados de la JEP y testigos que vienen investigando asesinatos y desapariciones forzadas en Antioquia, hoy debo poner en conocimiento de la opinión pública que las intimidaciones y amenazas persisten”, declaró el presidente de la JEP.
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Vidal indicó que ya se empalmó el caso con funcionarios de la Fiscalía para que verifiquen la veracidad de los panfletos amenazantes e inicien el rastreo de los remitentes, que pretenden obstaculizar la investigación de los crímenes de Estado intimidando a los investigadores y a los testigos de los homicidios que decidieron contar la verdad.
“Me he comunicado con la Fiscalía General de la Nación que me han informado, en particular la vicefiscal, Martha Mancera, que avanzan en la investigación sobre estos hechos, que socavan la esperanza de millones de víctimas del conflicto, que empiezan a ver a sus victimarios reconocer su responsabilidad por lo que hicieron”, dijo el magistrado de la JEP.
No es la primera vez
Como precisó Roberto Carlos Vidal, hace un par de meses varios magistrados de la JEP recibieron amenazas de muerte por parte del mismo grupo armado paramilitar.
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Las Águilas Negras le enviaron coronas fúnebres al magistrado Alejandro Ramelli y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, quienes estaban asignados a las investigaciones de falsos positivos y fosas comunes en el municipio de Dabeiba (Antioquia).
“Básicamente la amenaza decía que lo convertían en un objetivo militar por causa de las investigaciones que viene adelantando en razón de los casos de la JEP”, indicó en su momento el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Tras las denuncias hechas por el magistrado Vidal, el Grupo de Amenazas de la Fiscalía asumió la investigación y le brindo protección a los magistrados en peligro.
Ante el caso, la ONU Derechos Humanos Colombia declaró: “Nos unimos a las voces de condena por las amenazas en contra de magistrados de la JEP. Reiteramos nuestro respaldo a su labor para garantizar los derechos de las víctimas, y asegurar la justicia en el camino a la paz”.
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El proceso de las ejecuciones extrajudiciales de Dabeiba continuó sin ninguna alteración y el pasado 27 de junio, 8 miembros del ejército aceptaron su responsabilidad en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006.
Los falsos positivos fueron presentados como bajas en combate y representaron ascensos y beneficios para los militares, que se deshicieron de los cuerpos enterrándolos en fosas comunes dentro del cementerio del municipio de Dabeiba.
Los militares que aceptaron su responsabilidad en los asesinatos extrajudiciales fueron: el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas 79; el sargento viceprimero Hernando Cómbita Salazar; Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas 26 Arhuacos y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica.
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Además, los sargentos en retiro William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo y el soldado profesional retirado Levis de Jesús Contreras Salgado, también reconocieron su participación en los crímenes de Estado.