A tres meses de las elecciones regionales, Colombia atraviesa una por una ola de violencia que ha traído consigo el asesinato de líderes sociales, atentados contra las comunidades y la Fuerza Pública, masacres, desplazamientos forzados y secuestros.
Evidencia de este panorama es el reciente secuestro de la sargento del Ejército Nacional, Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con autismo. Tras confirmarse su liberación por parte del ELN, toda una polémica se desató por cuenta de las controvertidas declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien prácticamente responsabilizó a la suboficial de los hechos cometidos por ese grupo armado ilegal.
En su momento, Velásquez habló de una “imprudencia” de la uniformada al haberse trasladado por carreteras del departamento de Arauca y, como si fuera poco, planteó que en todo caso se sabía “de la presencia del Ejército de Liberación Nacional” en esa zona del país.
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Ante lo dicho por el ministro, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Fernando Espinal, reaccionó y calificó como “lamentables las declaraciones del Ministro de Defensa”.
Pero, además, anunció que, por los resultados no tan positivos que en materia de seguridad ha entregado la cartera, desde la oposición se contempla realizar un debate de control político. Lo anterior, tan pronto inicie el segundo periodo legislativo, el próximo 20 de julio.
“El Centro Democrático, como partido de oposición, vamos a citar al Ministro de Defensa a un debate de control político para que dé las explicaciones al Congreso y a todos los colombianos de lo que está ocurriendo en el país en materia de seguridad”, señaló según Semana.
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Espinal manifestó que, “al ministro le quedó grande su cartera, él debería renunciar, dar un paso al costado y que el gobierno nacional, en cabeza del presidente, Gustavo Petro, garantice a los colombianos la seguridad que es fundamental, es un principio elemental para la vida cotidiana de los 50 millones de colombianos”.
Lo cierto es que, mientras unos arremeten contra el ministro Valásquez, a propósito de la grave situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país, otros lo defienden y resaltan avances logrados por el Gobierno en otros asuntos.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó a través de su cuenta en Twitter, su agradecimiento al ministro y al Gobierno nacional por los resultados de la incautación de insumos de cocaína y destrucción de laboratorios:
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“Magnitud de incautaciones redujo precio de hojas de coca, oportunidad para cultivar café y cacao, gracias @mindefensa @Ivan_Velasquez_@petrogustavo”, escribió.
Seguido dijo: “Los traficantes patalean desde @RevistaSemana, por algo será!! Gobierno del cambio avanza y la paz verdadera llegará. Adelante”, ante las contradicciones que reveló dicho medio de comunicación entre las cifras de la cartera y las de la Fiscalía y otros organismos internaciones, que dan cuenta que el panorama no es tan favorable como lo muestra el ministerio de Defensa.
Según Semana, los informes de la Fiscalía revelaron que para febrero de 2023, solo se incautaron siete toneladas, una cifra tres veces inferior al mismo periodo pero del año anterior. Además, señalaron que se destruyeron 45 laboratorios, representando 82 lugares menos de los que se habían intercedido en el mismo mes del 2022.
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Lo anterior, según el medio, no coincide con las cifras presentadas por el Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio, el cual indicó que, a partir del intervalo competente del 7 de agosto de 2022 al 7 de febrero de 2023, se incautaron un 45 % más de insumos de cocaína con respecto al mismo periodo, pero de la etapa 2021-2022.
Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos también dio a conocer su perspectiva sobre el narcotráfico en Colombia. El 3 de marzo, presentó el primer informe competente a la administración de Petro. Principalmente, la recomendación central es retomar la erradicación, debido a que “el balance no es alentador”.