La Defensoría del Pueblo advirtió que cerca de 17.500 personas privadas de la libertad, recluidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), se quedarán sin alimentación a partir del próximo 31 de julio.
Así lo publicó en un informe especial con relación al suministro de alimentación en Centros de Detención Transitoria. “Esta es una situación compleja que urge ser atendida no solo porque la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos, también porque existe un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria”, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El informe de la Defensoría, elaborado por su delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, reveló también que 22.659 personas se encuentran privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria en el país; de ese número, el 75% recibe alimentación por la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (Uspec), entidad que la suministra pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos.
Precisamente, el informe señala que la Uspec manifestó no querer continuar, desde el 31 de julio de 2023, con la prestación del servicio alimentario en estos centros de detención.
Del mismo modo, el informe indica que la situación puede llegar a ser más compleja, ya que en estos centros hay un hacinamiento del 124%, lo que genera otras vulneraciones a los derechos humanos.
De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, 1534 personas privadas de la libertad están condenadas y 21.125 se encuentran imputadas.
“Hemos entregado varias recomendaciones al Ministerio de Justicia para que convoque de manera inmediata una mesa de alto nivel, conformada por las entidades territoriales y la Uspec, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para que sea adoptado un plan de contingencia que permita asegurar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación a esta población”, agregó Camargo.
Finalmente, dentro de las recomendaciones del informe, la entidad solicitó a las alcaldías y gobernaciones adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación a las personas en calidad de sindicadas que se encuentran en estos centros de detención.
Denuncias ante la Procuraduría
Otro hecho en el mismo sentido tiene que ver con la denuncia de al menos 125 de los 132 directores de las cárceles del país ante la Procuraduría General de la Nación, en la que aseguran que persisten las irregularidades en los servicios de alimentación de los penales, debido a que hay fallas con los mercados, problemas con la manipulación de alimentos y los horarios para el servicio de alimentación, entre otros, por lo que el ente de control ya le puso la lupa a esta situación.
Ante estos hechos, el Ministerio Público había solicitado a la Uspec, resultados frente a las inconformidades planteadas por los directores de los centros penitenciarios y carcelarios existentes en el país, y qué pudieron constatar personalmente en establecimientos como El Barne (Cómbita, Boyacá), La Picota (Bogotá), El Pedregal (Medellín) y La Tramacúa (Valledupar), entre otros.
Frente a esta situación, el ente de control solicitó a la Uspec el listado de contratistas que prestan los servicios de alimentación, sus supervisores e interventores, fichas de cada contrato con sus obligaciones, un recuento de las quejas presentadas por mal servicio y los informes de interventoría sobre sanciones impuestas hasta el momento.
“El descontento de los directores de establecimientos frente al servicio de alimentos es preocupante, puesto que sienten que no existe una coordinación efectiva entre la Uspec y el Inpec”, aseguró la Procuraduría.