En la tarde del miércoles 28 de junio se conoció que Manuel Antonio Castañeda, conocido también como el narcochofer detenido por transportar un cargamento de cocaína en una camioneta adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP), llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el cual quedó manifestado que entregará información sobre hechos puntuales de posible corrupción al interior de la entidad.
Concretamente, el documento consta de cuatro puntos sobre los que Castañeda se comprometió a hablar: el supuesto préstamo de vehículos de la UNP para el transporte de drogas ilícitas bajo el amparo de Ronald Rodríguez, exsubdirector de esa institución; la fuga de Matamba y la posible colaboración de agentes de la fuerza pública; la corrupción dentro de la unidad y, por último, la complicidad de Wilson Devia. Esto también abarca el alquiler de camionetas para fines ajenos a la seguridad de personas que pidieron protección ante riesgos a su integridad (líderes sociales, personas amenazadas y figuras políticas), según lo conocido en primera instancia por Blu Radio.
Como último punto, Castañeda deberá entregar información relacionada a un caso de hurto en San Andresito (centro de Bogotá) y la presunta participación de agentes de la Policía.
En el archivo, Castañeda aceptó su responsabilidad por los delitos cohecho por dar u ofrecer y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes luego de admitir que sí transportó un cargamento de 168 kilos de cocaína en diciembre de 2022.
La incautación se llevó a cabo en el municipio Tororó (Cauca). En el operativo, el conductor había ofrecido 300 millones de pesos a los policías a cambio de no reportar la droga y continuar con su camino; pero fue detenido.
Sin embargo, el narcochofer se enfrentaría a una condena de siete años y cuatro meses de cárcel debido al preacuerdo firmado con la Fiscalía; por eso, solo pagaría esa pena por el delito narcotráfico.
“Durante el trámite de la investigación penal el señor Manuel Antonio Castañeda Bernal rindió diligencia de interrogatorio a indiciado (...) Donde mostró su profundo arrepentimiento por la conducta punible desplegada, al punto que para remediar su conducta, decidió a costo y riesgo de su vida e integridad personal y la de su familia, suministrar valiosa información (...)”, detalló el documento referido por el medio citado.
También menciona que Castañeda se comprometió a hablar sobre Nixson Andrés Montes Ospina, comandante de la Policía de Caquetá que le facilitaba las vías para transportar droga a través de camionetas adscritas a la UNP; así como la complicidad de Juan Carlos Castro Amortegui, antiguo director encargado y subdirector de Tránsito y Transporte.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, Castro coordinaba los monitoreos y acompañamientos en todo el país mientras Castañeda transportaba estupefacientes en vehículos de la entidad.
El 22 de junio el capturado fue llamado a juicio debido a que había sido aplazada el 18 de mayo de 2023 por solicitud de la defensa del acusado, alegando que estaba negociando un principio de oportunidad. Por eso, la diligencia tuvo que ser reprogramada para el martes 5 de septiembre a las 8:30 de la mañana.
Castañeda ya había sido denunciado por supuesto hurto y apropiación indebida de un vehículo BMW de placas DNL559, que había tomado en arriendo a cambio de siete millones de pesos al mes. En ese entonces, el dueño del vehículo dijo que se lo entregó a una tercera persona. El sindicado dijo en ese momento que su lugar de residencia era un condominio en Acacías (Meta); sin embargo, previamente había manifestado que vivía en el barrio Ciudad Salitre, al occidente de Bogotá.
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