Aún no está claro si Ibagué contará, por fin, con las piscinas olímpicas antes de finalizar el mandato del actual alcalde, Andrés Hurtado. Vale recordar que estos escenarios deportivos fueron prometidos para 2015 con motivo de los Juegos Nacionales, donde la capital tolimense era la sede principal.
A poco más de seis meses para que Hurtado deje la administración, el burgomaestre de Ibagué prometió entregar la obra para el segundo semestre de 2023, antes de la llegada del nuevo mandatario local el primero de enero de 2024.
Sin embargo, algunas veedurías de la ciudad no son tan optimistas y consideran que no le alcanzará el tiempo a la actual administración para inaugurar las anheladas piscinas. En un principio, la veeduría “Más Tolima”, señaló en un comunicado que ante el evidente retraso del proyecto, esta sería la tercera administración que incumpliría la culminación de dicho espacio.
“Siempre se les advirtió a las diferentes administraciones que los diseños de la obra en cuestión no están hechos de manera correcta, situación que nunca se tuvo en cuenta y siempre nos aseguraban que están en regla”, indica el comunicado.
Hurtado pidió transparencia en la ejecución de este contrato, que supera los 12.000 millones: “Instamos a los entes territoriales correspondientes a que realicen las investigaciones debidas referentes a los manejos de los dineros públicos”.
Por último, señalaron que “acudimos a los principios de transparencia, responsabilidad y eficacia que podrían estar vulnerados en la obra de las piscinas de la 42″.
A este llamado de atención se sumó la advertencia de la veeduría “Agua para Ibagué”, que denunció la posibilidad de fallas en las obras de las piscinas olímpicas.
Por medio de una carta y material fotográfico enviados a la Contraloría General de la República y a la Gerencia Colegiada Zonal Tolima, la veeduría señaló algunos detalles que cuestionan la idoneidad de algunas obras.
Una de las posibles fallas apuntaron hacia el vaso de la piscina, el cual presenta diferentes fisuras. Ante esta denuncia, la secretaria de Infraestructura aseguró que las mencionadas fisuras sobre la base del piso de las piscinas son normales en este tipo de obras de concreto.
La Alcaldía respondió
Según publicó el periódico local El Nuevo Día, la secretaria de Infraestructura de Ibagué, Sharon Guzmán, explicó que “el concreto siempre va a tender a expandirse o contraerse, dependiendo del clima en el que estemos, por lo que una microfisura en concreto no es el problema, el inconveniente es que la fisura sea activa, continúe y se convierta en grieta”.
Con respecto a los tiempos de entrega, Guzmán afirmó en el mismo medio que: “Vamos en un avance del 30,3%, quisiéramos ir un poco más rápido, estamos presionando para esto”.
La funcionaria mencionó que el mes pactado para la entrega de las obras es septiembre, sin embargo, resaltó que el contratista no ha llegado a generar la suficiente confianza. “Venimos de abrirle una audiencia de posible incumplimiento, estamos tratando de afinar situaciones con el contratista, pero muy seguramente esa será la fecha de entrega”, afirmó la secretaria de Infraestructura.
Hurtado recordó que la licitación de remodelación de la Unidad Deportiva de la calle 42 tuvo un valor de $37.300 millones, de los cuales, $3.000 millones fueron utilizados en las “obras” de las piscinas.
Expuso que en la administración del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue alcalde de Ibagué entre 2016 y 2020, se contrataron de nuevo las obras para la construcción del Complejo Deportivo de la calle 42, donde también se frustró la ejecución del proyecto y sé siniestro la obra.
Luego recordó que las piscinas fueron siniestradas en una segunda oportunidad. “Cuando llegamos al Gobierno, debido a los desaciertos mencionados, ninguna aseguradora quería expedir póliza de cumplimiento, por eso la licitación que buscaba recuperar las piscinas olímpicas quedó desierta en más de una ocasión. Aun así, logramos solucionar ese problema e iniciar obras”.
Ante esta situación, la Contraloría había proferido un fallo con responsabilidad fiscal por una suma indexada de $33.758 millones contra el exdirector de Coldeportes, Andrés Botero Phillipsbourne; el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, y una funcionaria de su administración; el exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Carlos Heberto Ángel, y dos funcionarios de esta entidad.