En Cali, ante los familiares de las víctimas y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el coronel (r) Jorge Florián Díaz y el mayor (r) Mauricio Ordóñez Galindo entregaron las medallas con los que habían condecorado por sus supuestos importantes resultados en contra de las guerrillas del país, pero que en verdad se trataba de la práctica criminal de los mal llamados ’falsos positivos’, donde miembros de la Fuerza Pública presentaban como insurgentes abatidos en combate a civiles, con el fin de obtener beneficios.
La entrega se realizó en un acto de reconocimiento que se llevó a cabo el lunes 5 de junio donde los dos oficiales, en uso del buen retiro, aceptaron su responsabilidad por esos crímenes que se perpetraron en el Valle del Cauca, cuando estaban vinculados al GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) del Ejército en ese departamento del Occidente colombiano.
De acuerdo con la JEP los dos militares fueron responsables por los homicidios de Henry Beltrán Rico, Jesús María Cabal Balanta, Carlos Julio Caballero, Rubén Darío Quilindo Latorre, Fabio Nelson Carabalí Abonía, Carlos Andrés Tuqueres Balanta, John James Rozo Montoya, Mauricio Alejandro Mindineros Monsalve, Andrés Angora Martínez, Harold Alberto Ramos Moreno y Marco Antonio Nieto Molina.
“Quienes debíamos proteger la vida, optamos por la muerte, a partir de ahí el tiempo profundizó las heridas que se abrieron (...), jamás el tiempo retiró el puñal de dolor en el corazón de muchas madres ni la soledad ardiente en muchos huérfanos. Mi cruz ha sido vivir todos estos años acosado por mi propia conciencia”, expresó el coronel (r) Florián Díaz.
El oficial pidió perdón a las víctimas y luego leyó uno a uno los nombres de las personas que fueron asesinadas por los uniformados en hechos que ocurrieron hace 17 años.
“(Esta medalla) se impone a los miembros de las Fuerzas Armadas que han demostrado un servicio excepcional y un compromiso inquebrantable con su país, es por ello que la dignidad de esta condecoración en esta oportunidad no me pertenece”, afirmó el oficial (r) durante el acto de reconocimiento.
Entre tanto el mayor (r) Ordóñez Galindo imploró el perdón de los familiares de las víctimas y solicitó que en el interior del Ejército se tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir una situación similar.
“Empezamos a construir una falsa narrativa de sus familiares, fueron seleccionados, maquillados y presentados como si ellos pertenecieran a una organización criminal, a la guerrilla, que era algo que en su momento nos podía generar muchos méritos”, confesó.
Posteriormente, los militares entregaron de forma simbólica las medallas a los familiares de las personas que fueron asesinadas por medio de los magistrados Raúl Sánchez y Óscar Parra que presidieron el acto de reconocimiento. Esas condecoraciones quedarán bajo custodia de la JEP.
Previamente los familiares de las víctimas intervinieron y recordaron el dolor que no solo les causó el homicidio de sus allegados, sino también el que les produjo que los hubieran señalado de criminales.
“Les digo la verdad a mis nietos cuando me preguntan cómo mataron al papá: ‘Fue el Ejército y lo mataron por la espalda y lo cargaron de armamentos’, mi hijo era un hijo ejemplar y cariñoso”, afirmó María Flor Latorre, madre de Rubén Quilindo, y quien viajó desde Popayán para participar en el acto.
Ellos recordaron que uno de los hechos que les hace recuperar algo de su tranquilidad en este tipo de diligencias, es que se recuperó el buen nombre de sus parientes asesinados.
“Me ha quedado un dolor inmenso en el corazón por la muerte de mi hijo, mis dos nietas nunca tuvieron un padre que las recogiera en el colegio. Les pido que limpien el nombre, ellos no eran guerrilleros, eran muchachos humildes”, dijo María Eugenia Martínez, mamá de Andrés Angola.
Precisamente los magistrados de la JEP resaltaron este hecho que provocó la revictimización de quienes fueron ultimados por las personas que debían protegerlos.
“Con este acto queda limpio el nombre de sus familiares, para siempre y para Colombia, el nombre de sus hijos, hermanos, esposos, hermano queda limpio y será la magistratura con las víctimas las encargadas de señalar dónde deben reposar estas medallas de la infamia”, señaló el magistrado Raúl Sánchez.