Tras semanas de investigación, funcionarios del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma) lograron obtener condena contra un falso veterinario identificado como Juan Esteban García Arango, que habría causado sufrimiento injustificado a un perro llamado Tommy en hechos que se registraron en Sabaneta, Antioquia el 13 de abril de 2022.
El reporte de la Fiscalía General de la Nación indica que los dueños del canino lo llevaron hacia un establecimiento que funcionaba como una veterinaria luego de que la mascota presentara fuertes dolores. El establecimiento era atenido por García Arango, que revisó al perro y sugirió practicarle una eutanasia humanitaria.
El sindicado no le aplicó el procedimiento, sino que le suministró una serie de inyecciones intercardiacas que no eran aptas para el canino, que posteriormente fue trasladado a un centro veterinario certificado luego de que diera señales de dolor más fuertes a las inicialmente presentadas.
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El personal que atendió a la mascota en el centro veterinario determinó que García Naranjo le había practicado un procedimiento no convencional que empeoró su estado de salud, razón por la cual los dueños decidieron instaurar una denuncia en contra del sindicado que recibiría su condena más de un año después.
García Naranjo fue condenado por el delito de maltrato animal a una pena de seis meses en un centro carcelario, además de ser multado con 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para la tenencia de animales por un tiempo no mayor al tiempo en el que estará retenido en prisión.
De igual forma, agentes del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal lograron que la Fiscalía General de la Nación imputara a otro hombre sindicado de causar sufrimiento en una perra en zona rural de El Guamo, Tolima luego de practicarle un procedimiento.
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El sindicado identificado como Luis Jorge Callazos Vega le habría realizado una intervención quirúrgica a una canina llamada Milú, sin ser profesional acreditado en la materia, a pesar de tener un sitio adecuado como veterinaria al cual los dueños de la perra la llevaron creyendo que era un lugar calificado para que le practicaran la esterilización.
Una vez practicado el procedimiento, la canina empezó a presentar reacciones adversas tales como secreciones e inflamaciones en la herida razón por la cual los dueños la llevaron a un centro veterinario especializado en donde le practicaron una nueva cirugía por las graves afectaciones que presentaba.
Gran parte de las heridas que tenía la canina fueron detectadas en la zona uterina y eran producto de la utilización de prácticas e instrumentos quirúrgicos inadecuados por parte de Callazos Vega, que fue denunciado por los dueños de la canina tras percatarse de la gravedad de las heridas causadas en su mascota.
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Una vez instaurada la denuncia en contra del sindicado, agentes del Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal realizaron una inspección al establecimiento comercial de Callazos Vega, encontrando numerosas inconsistencias en el funcionamiento, entre las que se encontraba la ausencia de un título profesional del propietario, requisito básico para abrir un negocio de este tipo.
La contundencia de las pruebas presentadas por los agentes de la Fiscalía General de la Nación permitió que el sindicado fuera condenado a seis meses de prisión, mismo tiempo que permanecerá inhabilitado para tener animales en su poder, además de una multa de 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Todo esto con base en la Ley 1774 del 6 de enero de 2016, en la que se entabla un marco de “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono” en el trato de los seres humanos hacia los animales.
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