En medio de la renuncia del Laura Sarabia como jefe del Gabinete de la Presidencia de la República, y de Armando Benedetti, como embajador de Colombia en Venezuela, ya desde el exterior se empiezan a pronunciar por las interceptaciones ilegales, también conocidas como chuzadas, en el caso de Marelbys Meza.
Desde la administración de Joe Biden, en Estados Unidos, se pronunciaron sobre las chuzadas en medio de la pérdida de una maleta de 7.000 dólares de la casa de Laura Sarabia.
Juan González, asesor de Joe Biden para América Latina, se pronunció sobre la vulneración de derechos que trajo nuevamente un episodio de chuzadas.
“Sé que en Colombia hay instituciones democráticas bastante fuertes, instituciones judiciales que son las que deben tener ese debate. Yo creo que nosotros vemos los derechos de periodistas, de la sociedad civil, derechos del sufragio electoral, como derechos fundamentales que debemos proteger y abogar. Y en otras áreas con Colombia tenemos conversaciones activas y directas sobre todos los temas”, dijo González.
El funcionario de la administración Biden, ante las denuncias de posibles interceptaciones telefónicas a periodistas colombianos, señaló que es imperante brindar garantías a quienes tienen por oficio informar a la población, mismo derecho que debe tener las personas del común.
Fiscal barbosa confirma los casos de interceptaciones telefónicas en el caso de Marelbys Meza
El escándalo que salpica a la jefa del Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, por el caso de su exniñera, Marelbys Meza, tomó el jueves 1 de junio un rumbo inesperado. El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, confirmó que hubo interceptaciones ilegales en contra de la exempleada de la funcionaria, practicadas por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJÍN) de la Policía Nacional.
“Es un día lamentable para el Estado de derecho, las chuzadas ilegales han retornado a Colombia”, indicó Barbosa, en relación con este caso, en el que se habría intervenido el teléfono celular de Meza, por efectivos de la Dijín, quienes tenían a su cargo una investigación contra el accionar del Clan del Golfo, pero que —en medio de estas indagaciones— terminaron escuchando conversaciones de la exniñera con su círculo cercano, sin tener autorización judicial.
“No puede admitirse desde ningún punto de vista estas prácticas de violación de los derechos fundamentales sean aceptadas en Colombia. Esto es grave para la democracia”, agregó Barbosa.
Según el jefe del ente acusador, que habló desde el famoso búnker, el informe ilegal con el que se dio orden de intervenir durante 10 días la línea de la mujer fue firmada por un miembro de esta Dirección de Investigación, que está adscrita al Ministerio de Defensa. Pero además también incluida en esta irregular petición la línea de la persona que hacía el aseo por días en la residencia de la funcionaria, identificada como Fabiola.
La Fiscalía le otorgó medidas de protección a la exniñera de la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Infobae/Archivo.
“Como la fiscal no se prestó a interceptar a unas personas que le sugirieron, la Policía Judicial de la Dijín rápidamente produjo ese día un informe en el que incluyeron dos abonados telefónicos, de la señora Marelbys Meza; y de la señora Fabiola (persona del aseo)”, denunció Barbosa Delgado.
En su intervención, Barbosa indicó que usaron un informe de la Policía falso, en el que Marelbys Meza fue bautizada con el alias de La Cocinera y la otra mujer como La Madrina. En el primer caso, Marelbys hacía parte de un anillo de seguridad de alias Siopas, cabecilla del Clan del Golfo y vivía en el corregimiento de Tagachí, en Quibdó (Chocó), según información “obtenida por una fuente humana”.
“Es una vergüenza para la justicia colombiana”, recalcó el fiscal General de la Nación tras esta información. “Se inventan un informe de Policía Judicial con la Dijín, las convierten en miembros del Clan del Golfo y las escuchan, y posteriormente, en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro, le hacen un polígrafo que no tiene nada que ver con seguridad nacional por las preguntas que hoy la Fiscalía tiene en trazabilidad Judicial”, acotó.