Francisco Barbosa comparó las “chuzadas” contra exniñera de Laura Sarabia con las interceptaciones del DAS: “Bienvenidos a la parajusticia”

El fiscal General de la Nación reprochó el uso de salas de la Policía para escuchar, bajo una falsa orden, a Marelbys Meza y a unacolaboradora suya en medio del robo de dinero a la funcionaria

El fiscal General de la Nación ratificó las "chuzadas" contra Marelbys Meza y una de sus ayudantes dentro de la investigación hecha unilateralmente por funcionarios del Gobierno nacional. Infobae (Jesús Avilés)

“Esto ya lo vivió Colombia”, expuso el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, sobre las interceptaciones ilegales hechas por integrantes de la Dijín de la Policía a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

En medio de una rueda de prensa convocada por las ‘chuzadas’ realizadas a la antigua trabajadora de la jefa de gabinete del Gobierno Petro, mencionó que ese hecho devolvió al país a principios de siglo, cuando el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) interceptaba de manera ilegal los teléfonos de magistrados de las altas cortes, dirigentes políticos y periodistas.

El fiscal recordó que esos hechos, por los que fueron condenados mandos de la fuerza pública como el capitán (r) Fernando Alfonso Tabares, que fungió como director de esa dependencia entre 2005 y 2009, época en que se presentaron esas persecuciones.

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De paso, comparó esos hechos no solo con las chuzadas a la exniñera y otra mujer que trabajaba por días en Casa de Nariño como empleada doméstica, sino con el informe falso presentado por la Policía para hacerlas pasar como integrantes del Clan del Golfo y así justificar tal seguimiento que se realizó por 10 días.

“Este es al asunto más grave que se ha presentado en los últimos años en Colombia y contra los derechos humanos y la justicia en el país; y todos los responsables tienen que responder por este hecho tan grave”, sentenció el fiscal Barbosa.

Barbosa Delgado rechazó la omisión de mecanismos y la “burla” al sistema judicial (incluyendo la elaboración de un informe policial falso) así como el hecho de convertir a las dos mujeres en dos integrantes del Clan del Golfo y hacer esas interceptaciones dentro de una pesquisa contra alias Siopas (asesinado en marzo de 2023).

Incluso, dijo que este es “el error más grave” cometido en los últimos años en Colombia y en el que se vio involucrada la justicia. Al respecto, advirtió también que todos los responsables tendrán que responder por los tres hechos puntuales investigados por la Fiscalía.

De acuerdo con la información conocida en un primer momento por Cambio, la Dijín lideró esas interceptaciones autorizadas por un fiscal. Otrora, el DAS fue el principal responsable de cometer una serie de interceptaciones con conocimiento de altos mandos de la fuerza pública y exdirectores de esa entidad.

Por ese mismo escándalo fueron condenados María del Pilar Hurtado; Bernardo Moreno, director en su momento del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) en el gobierno de Álvaro Uribe; el capitán (r) Fernando Tabares, exdirector de inteligencia del DAS, y Jorge Alberto Lagos, exsubdirector de contrainteligencia y quien reportaba los seguimientos a Hurtado.

Varios de ellos fueron sentenciados por delitos como concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones.

Sobre el escándalo que rodea a Casa de Nariño y la jefa de gabinete, no hay condenados, pero sí una investigación que tiene tres vertientes; además, la propia funcionaria será llamada a rendir indagatoria por el robo de dinero en su residencia (y que ella misma denunció). En rueda de prensa, el fiscal general no confirmó, pero tampoco descartó un posible llamado al presidente Gustavo Petro a declarar.

A pesar de eso, ya un integrante de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol declaró en la tarde del 1 de junio. Además, la Policía Nacional confirmó que los teléfonos de las dos mujeres sí fueron interceptados durante 72 horas. Por eso, anunció una investigación interna para dar con los responsables de este hecho, cuya autorización fue firmada por un fiscal.

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