Más de cinco millones de pesos colombianos y un arresto domiciliario por cinco días fue la sanción que el Juzgado Tercero Civil de Ibagué ordenó contra la funcionaria más joven del presidente de la República, Gustavo Petro: la alta consejera para la juventud, Gabriela Posso Restrepo.
La joven, que antes de llegar a trabajar en la Presidencia de la República fue activista y motivante de las protestas en Colombia, desobedeció al citado tribunal tolimense que le ordenó retractarse por una denuncia que hizo en sus redes sociales, a finales de enero de este año, en la que aseguraba que los estudiantes de una universidad de ese departamento eran “hostigados” y “perseguidos”.
Posso hizo esas aseveraciones en su cuenta de Twitter. Allí sindicó a la Secretaría General de la Universidad del Tolima de emprender esas acciones contra los aprendices.
“Denuncian que información sensible de 200 estudiantes y colectivos habría sido remitida a fuerzas del ejército”, aseveró Posso hace unas semanas en aquella red social donde, además, solicitó a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto para garantizar “la vida de nuestros jóvenes y su autonomía universitaria”.
Aunque esas publicaciones fueron borradas de la cuenta de Twitter de la consejera de Petro, el secretario general de la mencionada academia, el abogado Andrés Felipe Bedoya, emprendió acciones legales contra Posso y algunos medios regionales como Tolima 7 Días y La Otra Verdad, que documentaron la denuncia en sus respectivos sitios web.
Tras la tutela, el juzgado tolimense le ordenó a Gabriela Posso y a Camilo Andrés Guzmán, editor jefe los citados portales, que se retractaran de las afirmaciones que hicieron públicas en internet so pena de enfrentar correctivos económicos y penales.
La consejera obedeció y, en abril de este año, borró los trinos por los que fue denunciada y publicó otro en el que rectificaba la información por la que la sindicaban.
Sin embargo, sus aclaraciones no fueron suficientes para el funcionario de esa universidad y menos para el juzgado de Ibagué que aseguraron que Posso no admitió no tener las pruebas para sustentar sus dichos y por eso se hacía acreedora a pagar cinco salarios mínimos legales vigentes y cinco días de arresto.
El juzgado ibaguereño que emitió esa sanción, además, reiteró que tanto la consejera de Petro como el editor de los citados medios debían pagar la mencionada suma de dinero además del arresto debido a que “la rectificación no se hizo en los términos ordenados por el Juzgado Tercero Civil de Ibagué”, añade el fallo.
El texto, además, le recordaba a la funcionaria gubernamental que debía decir públicamente que no tenía el material probatorio para sustentar que la Universidad del Tolima le entregara “información delicada” al Ejército y por eso su rectificación había sido ambigua.
Por ahora, la consejera del jefe de Estado no se ha referido al tema. Sin embargo, su arresto es el segundo que enfrentan funcionarios del Gobierno nacional. El primero fue el de el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, a quien le ordenaron cumplir tres días de arresto por desacatar el fallo de una tutela que lo obligaba a proporcionarle medidas para salvaguardar la vida y la integridad del ciudadano Pedro Pablo Rosero.
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