La reforma a la salud que dejó como herencia la exministra Carolina Corcho, y que ahora defiende el actual jefe de cartera Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue despertando sinsabor entre diferentes sectores. Uno de los que recientemente se unió a las preocupaciones fue la organización Transparencia por Colombia, que advirtió de artículos que podrían generar clientelismo y presunta injerencia política.
Así lo denunció recientemente Andrés Hernández, director de esa entidad, quien aseguró, en el marco de una mesa técnica en el Congreso de la República contra la corrupción, que uno de los proyectos más polémicos del Gobierno de Gustavo Petro tendría algunas anomalías que les genera preocupación.
Una de ellas fue lo que llamó el “riesgo de opacidad de información” en el presupuesto que contempla la reforma a la salud que podría sumarse a los 67 casos de corrupción que se han registrado, entre 2016 y 2020, en el sector salud, y que habría generado pérdidas de 1,63 billones de pesos del erario público.
“Es muy importante crear una estrategia de transparencia presupuestaria que abarque la totalidad de las fuentes de financiación del sistema, permita la trazabilidad en tiempo real del uso de los recursos por parte de todos los actores”, advirtió el director de Transparencia por Colombia.
Así las cosas, Hernández solicitó al Gobierno Petro evaluar si el proyecto contempla factores indispensables que, desde el concepto de la entidad, deben evaluarse como “la institucionalidad y gobernanza” que pueda traer consigo la reforma, así como la viabilidad del mismo.
Además, aseguró que se le debe prestar suma atención e importancia a “los sistemas de control” con los que contará el proyecto del MinSalud para garantizar su adecuada implementación.
“Se deben considerar medidas de transparencia presupuestaria para el proceso de transición entre el modelo actual y el nuevo modelo propuesto, incluyendo transparencia en el pago de las deudas existentes en el sistema”, recomendó Hernández, quien aseguró que si no se establecen esos mecanismo podría haber riesgo de “injerencia política y corrupción” por parte del Ejecutivo.
Las advertencias del dirigente de esa organización se dan al analizar la política de salud que el Gobierno quiere para el país, en el que se contempla que sea mayoritariamente estatal. Entonces, Hernández sugirió prestar atención a cómo desempeñarán sus funciones los “actores públicos y privados, nacionales y territoriales” que participan en el proyecto que hace trámite, desde hace unas semanas, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Para mitigar esos efectos colaterales, el director de Transparencia por Colombia insistió en que dentro del Ministerio de Salud también se deben crear “medidas de prevención de riesgo de injerencia política y corrupción” para que, en artículos como el 43, que ahora será debatido en plenaria en el Congreso, no termine con anomalías de clientelismo.
Ese componente de la reforma, según Hernández, es uno de los puntos débiles de la reforma porque al permitir que los directores de hospitales los elijan las autoridades territoriales, luego de que los alcaldes y gobernadores se posesionen, habrían cambios constantemente, lo que impediría un control eficaz al Indicador de Seguimiento a la economía (ISE).
“Esto crea un riesgo altísimo de injerencia política en la designación de los directivos de las ISE, así como riesgos de clientelismo en el nivel territorial. En otras palabras, cada cuatro años cambiaríamos de alcaldes y gobernadores. Por lo tanto, cambiaríamos de directivos de las ISE y, por lo tanto, de personal dependiente de modelos de prestación de servicios. Ese es un punto muy preocupante”, aseveró el dirigente.
Sin embargo, en el citado artículo se prevé que para los nuevos dirigentes de los centros de salud se deberá cumplir con la “previa verificación del cumplimiento de requisitos y calidades establecidos en la presente ley”, dice el texto de la reforma a a la salud, lo que a Transparencia por Colombia le parece que carece de planeación para evitar corrupción y clientelismo.