La Fundación Paz y Reconciliación ―Pares― lanza este 23 de mayo un informe en el que cuenta que el asesinato a líderes sociales viene en aumento desde 2022 hasta la fecha, lo cual indicaría que la violencia en las regiones del país no ha mermado, a pesar de la política de la ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro.
Este aumento de la violencia tuvo su origen en la época electoral que dejó como ganador al entonces candidato por el Pacto Histórico. Según la fundación, aquel año cerró como uno de los que más tuvo asesinatos a líderes sociales, y para sustentarlo presenta cifras del Observatorio para la defensa de la vida (Odevida) que muestran que en 2022 hubo 180 víctimas.
Para el arranque de 2023 hubo una aparente disminución de violencia contra líderes sociales. Pero en abril se volvió a disparar con 20 víctimas fatales. “Abril implicó un aumento de los casos en cerca del 50% con respecto a los meses de enero y febrero, y de un poco más del 25% con respecto al mes de marzo”, dice el informe.
El informe indica que las altas cifras en 2022 se deben a “la continuidad de unas políticas de seguridad ineficientes en los territorios para la protección de los líderes y lideresas, y la falta de mitigación de factores de reproducción de la violencia política”. De igual forma, resalta que se presentaron aumentos significativos durante el paro armado del Ejército de Liberación Nacional ―ELN― (febrero de 2022), y el paro armado del Clan del Golfo (mayo), que se motivó por la extradición de Dairo Antonio Úsuga a Estados Unidos.
En cuanto a la distribución territorial de la violencia en contra de líderes sociales, la fundación estableció que se presentó en 29 de los 32 departamentos que tiene el país, sobre todo en Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo, Arauca y Valle del Cauca. “Estos seis departamentos fueron epicentro del 60% de toda la violencia contra estos defensores de derechos humanos a nivel nacional”, destaca Pares en su informe. Cauca fue el departamento con más víctimas (26).
Por otra parte, destaca que los tipos de liderazgo más afectados han sido los comunales y los indígenas, representando casi el 50% de todos los casos. “Una de las razones por las cuales los líderes comunales sufren más este flagelo se debe al rol fundamental en el direccionamiento de espacios consolidados como las JAC”, explica el informe y añade que “muchas veces el papel de incidencia de estos líderes es visto como contrario a los intereses de los grupos armados”.
Respecto a los liderazgos indígenas, indica que los más afectados “por esta dramática situación fueron el pueblo Awá, quienes constantemente durante el año pasado denunciaron prácticas de exterminio contra su comunidad e hicieron insistentes llamados a la institucionalidad para su protección”.
Pares aclara además que es complejo determinar qué actor es responsable de los hechos de violencia y que solo se ha establecido una presunción de responsabilidad en 52 de los 239 casos que se registraron en 2022.
La llegada de Petro
Según el informe, la llegada al poder de Gustavo Petro contribuyó a un giro en la política de paz y seguridad respecto a la de su antecesor, Iván Duque. De hecho, uno de sus primeros actos fue establecer un plan de choque para la protección de líderes sociales; también retomó mecanismos e instancias creados con el Acuerdo de Paz de 2016, que habían sido desechados por Duque.
No obstante, estas medidas no han sido efectivas contra la violencia contra líderes sociales. “Desde la fecha de posesión del gobierno Petro hasta el momento se han presentado un total de 128 homicidios. Es decir que los índices de violencia contra esta población se han mantenido y no presentan mayores variaciones en la tendencia”, se lee en el informe.