Caso Centros Poblados: sancionan a tres exfuncionarios del MinTIC por irregularidades en la licitación

Tres funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) fueron sancionados por estar relacionados con las irregularidades del caso Centro Poblados que llevó a entregar 70.000 millones de pesos a una empresa construida, al parecer, para cometer corrupción. El representante del consorcio contratista y la interventora también fueron cobijados en la decisión.

Las sanciones, en esta decisión disciplinaria de primera instancia, solo llegaron hasta el tercer nivel directivo del MinTIC que entonces estaba a cargo de Karen Abudinen. La funcionaria de más alto rango hallada responsable por la Procuraduría fue la exsecretaria general Adriana Vanessa Meza Consuegra.

El Ministerio Público sancionó a Meza Consuegra a una suspensión por cinco meses “por incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación, sin haber sido avalada por el Comité de Conciliación de la entidad, con lo cual cometió una falta gravísima a título de culpa grave”.

El otro funcionario sancionado fue el exdirector de Infraestructura del MinTIC y estructurados de la licitación, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien fue acusado por el Ministerio Público de permitir que se modificaran los requisitos de indicador patrimonial, sin ningún sustento y contrario a las recomendaciones del consultor TELBROAD-PROFIT.

Esta decisión habría beneficiado a la Unión Temporal Centro Poblados que ganó la licitación. Por esa razón, la Procuraduría calificó la falta como gravísima y a título de culpa grave, que llevó a la suspensión por nueve meses en su contra.

La mayor sanción la llevó la ex subdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, quien dependía de la Secretaría General del Ministerio. La funcionaria fue sancionada con destitución y una inhabilidad de nueve años y un mes para el ejercicio de funciones públicas.

Según el Ministerio Público, Orjuela Méndez incurrió en falta con culpa gravísima por haber dado su aprobación para las garantías del contrato sin haber verificado de manera diligente y pese a que la UT Centro Poblados las presentó de manera extemporal.

Esa situación es clave, pues el contratista presentó un documento falso del banco Itaú, que solo se puedo comprobar cuando el Ministerio pretendió adelantar un proceso por incumplimiento. Ese fue el detonante que descubrió las irregularidades del proceso que había llevado a la licitación más ambiciosa de la cartera por un valor total de 1.1 billones de pesos.

Precisamente las garantías del proceso fueron las que llevaron a la sanción del representante legal de la UT Centro Poblados, Luis Fernando Duque Torres, a quien la Procuraduría acusó de incurrir en el delito de falsedad en documento privado por firmar y utilizar las garantías.

La sanción en contra de Duque consistió en una multa de 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) para la época de los hechos y una inhabilidad para ejercer empleo o función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de 15 años.

Paola Andrea Izquierdo Rivera, como representante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, fue la segunda particular sancionada por el Ministerio Público. Estará inhabilitada por 11 años para ejercer empleos públicos y tendrá que pagar 50 SMLV por no realizar sus funciones.

Según la Procuraduría, como interventora debió verificar y validar el cumplimiento de los requisitos para el primer Comité Fiduciario en el que se autorizó que se le entregaran 70.000 millones de pesos al contratista como anticipo, pese a las irregularidades que ocurridas durante la licitación, y que resultaron perdidos tras la terminación del contrato. De estos, de acuerdo con el actual ministro Mauricio Lizcano, solo se han recuperado 7.500 millones.

El Ministerio Público explicó que como Jiménez Santofimio y Meza Consuegra no son funcionarios actualmente, sus sanciones se convertirán en salarios mínimos para el monto devengado a la fecha de ocurrencia de los hechos. Así mismo, los sancionados presentaron recursos de apelación, por lo que deberá haber una decisión de segunda instancia. Además, se remitió el expediente a la Fiscalía que busca investigar los delitos penales ocurridos en el entramado.