En los últimos días y semanas Prosperidad Social ha recibido múltiples alertas sobre el posible manejo inadecuado de las inscripciones del programa Tránsito a Renta Ciudadana, así como la recurrente invisibilización de las insignias y distintivos de Prosperidad Social, que es la entidad a su cargo, por parte de terceros que intentan ganar réditos políticos.
La veeduría del Fondo de Inversión para la Paz se sumó a las voces de alerta sobre el riesgo inminente de politización de programas como este, razón por la cual emitió la recomendación de no realizar más procesos de inscripción hasta nueva orden.
Precisamente por este riesgo, ad portas de una nueva temporada electoral en el país, Prosperidad Social decidió redoblar los esfuerzos para proteger los recursos públicos y para evitar que los programas de la entidad sean utilizados para realizar proselitismo en un año en donde hay más riesgos de cooptación.
El primero de esos esfuerzos, los cuales fueron socializados el martes 16 de mayo por parte de la entidad, fue el de suspender temporalmente el proceso de inscripciones del programa Tránsito a Renta Ciudadana, para evitar el riesgo de cooptación por políticos de cualquier tendencia.
Dentro de los lineamientos establecidos por la entidad, se debe comunicar de manera inmediata a los aliados en los territorios de esta decisión, así como las medidas a implementar para mitigar el riesgo que se identificó institucionalmente. ¿Cuál es ese riesgo?
“Utilizar el nombre o la imagen de los programas institucionales con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de terceros. Ante este riesgo las consecuencias que hemos identificado son la pérdida de credibilidad en la entidad y el condicionamiento del voto a participantes de los programas”, indicó este martes Prosperidad Social.
Otro de los esfuerzos establecidos fue el de redoblar esfuerzos para posicionar la imagen de Prosperidad Social en todo el país, para evitar que inescrupulosos engañen a la ciudadanía, y poner en conocimiento de las autoridades competentes las alertas recibidas y situaciones que, a juicio de la entidad, representan un riesgo.
También quedó establecido que, a partir de este momento, se le recordará a la ciudadanía que los trámites ante Prosperidad Social no tienen costo y no están asociados a ningún partido o movimiento político, evitando así el posible condicionamiento del voto de participantes de los programas.
“La entidad se permite aclarar que, una vez sean mitigados los riesgos, informará a la ciudadanía e interesados las medidas adoptadas, para dar continuidad al proceso, con los ajustes a los que haya lugar. Prosperidad Social agradece la comprensión de la ciudadanía frente a las medidas adoptadas con el fin de salvaguardar los recursos públicos, y recuerda a los beneficiarios vinculados que el programa continuará con el cronograma establecido”, concluyó la comunicación de Prosperidad Social.
La entrega de mercados en Tuchín
Punto aparte, el pasado 12 de mayo en Tuchín (Córdoba) y uno de los municipios priorizados en Tránsito a Renta Ciudadana por sus indicadores de pobreza y desnutrición, se realizó uno de los mercados campesinos que Prosperidad Social está organizando en municipios del país con alta ruralidad, para promover el buen uso de los recursos del programa.
En este primer ciclo de pagos el programa beneficiará a más de 2 millones de hogares en todo el país con una inversión que alcanza los 796.435 millones de pesos.
Fueron convocados 30 productores locales que también hacen parte de la población vulnerable y que han sido apoyados por otros programas de Prosperidad Social y 6.556 hogares se han visto beneficiados del programa. De estos, 6.135 son indígenas.
En Córdoba un total de 137.555 hogares en pobreza extrema o vulnerabilidad tienen disponible ya la primera transferencia de Tránsito a Renta Ciudadana. El presupuesto destinado para este primer pago, en el departamento, es de $61.842.760.000 (cerca de 61.843 millones de pesos) con un incremento del 114,2 %, en comparación con 2022.
Tránsito a Renta Ciudadana es un programa con el que Prosperidad Social busca proveer de ingresos dignos a la población que se encuentra en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad. Tiene un enfoque no asistencialista. Generará condiciones para que los participantes superen la situación de vulnerabilidad, acompañando la transferencia monetaria con una oferta institucional robusta que fortalezca las habilidades de los participantes para alcanzar su autonomía.