Por medio de las redes sociales fue difundida una denuncia contra el Consejo Superior de la Judicatura sobre el estado del Archivo Central de Información General. Por medio de fotos y un video se dio a conocer el estado de desorden y caos en el que se encuentran miles de documentos judiciales.
El Archivo Central es el lugar donde se almacenan todos los expedientes judiciales tras cumplir su tiempo en el área de gestión. Estos documentos deben ser almacenados, pues continúan gozando de valor en los procesos administrativos, fiscales, legales, contables o técnicos, por lo que son susceptibles de reapertura.
El valor de estos documentos implica que el Consejo Superior de la Judicatura debe disponer de las herramientas necesarias para el control, registro, organización y administración de la documentación, coadyuvando en los principios de transparencia, pública y eficacia en la gestión de la justicia, tal como lo dispone el numeral 4 del artículo tres del Acuerdo PCSJA17-10784.
A pesar de la norma, fijada por la propia institución, la denuncia revela las pésimas condiciones de almacenamiento, organización y custodia de los documentos, poniendo en riesgo su preservación y violando los principios establecidos por la Ley General de Archivos (594 del 2000).
Aunque la publicación fue realizada el 8 de mayo, por la jurista Karola Enrique Arias en su cuenta de Twitter, en el video se oye a una de las protagonistas aclarar que el día en que se realizó la visita fue en la mañana del 21 de abril.
Las funcionarias fueron hasta el sitio con el fin de buscar un proceso y adelantar su desarchivo. No obstante, la tarea resultó imposible, pues al llegar al lugar se encontraron con montañas de documentos, sin ningún tipo de organización, señalamiento o proceso de catalogación.
Ante esta situación, la abogada Arias comentó, “Increíble que Consejo Superior de la Judicatura no tome medidas para organizar esos expedientes. Son miles las solicitudes de desarchivo sin respuesta efectiva”.
Por medio de un comunicado de prensa con fecha del 10 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura se pronunció sobre la situación. Expresó que se viene trabajando en un proyecto de traslado de la documentación, ajustado a los requerimientos fijados por el Archivo General de la Nación. No obstante, este no se ha desarrollado debido a “dificultades con algunos contratistas” delegados para esta tarea.
En comunicación con La FM el presidente del Colegio de Abogados Penalista, Francisco Bernate, indicó que “esto apenas es una muestra de la problemática que tiene la justicia en Colombia, todavía habituada al uso del papel y demás”.
Además de los señalamientos de Bernate, se debe indicar que la Ley 594 del 2000 especifica que “la administración pública deberá garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de sus archivos”, como está fijado en el artículo 13. Por lo cual las denuncias revelan el incumplimiento de la ley.