La disputa entre el presidente de la República Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación no da tregua. La polémica que se dio tras unas acusaciones que manchan a los funcionarios del órgano judicial han abierto, incluso, la discusión sobre la independencia de las ramas del poder en Colombia.
Pasado unos días, la Fiscalía sacó a la luz algunos documentos que muestran que, si bien el caso por el que el presidente insiste se encuentran en investigación, no son 200 los asesinatos que presuntamente se habrían podido evitar, sino solo el 10% de esta cifra, es decir, 20 casos, y aún no se ha comprobado que desde la oficina del fiscal se haya omitido información. Además, que no se puede afirmar que hayan sido ejecutados por el Clan del Golfo, pues la afirmación carece de pruebas.
Por eso, el mismo Hernández, que está siendo investigado por omisión de pruebas y amenaza a testigos en el caso Odebrecht, señaló que en ese momento la única información que le habría llegado serían artículos de prensa, pero que estos no eran suficientes para comprobar la información de los presuntos asesinatos.
Además, como muestran unos documentos publicados por el medio anteriormente mencionado, el caso se abrió desde el 2021 y el listado es de 20 personas, pero no están incluidos los casos de los chats que sacó a la luz el periodista Gonzalo Guillén. Precisamente, Guillén ha estado vinculado al caso del empresario Carlos Mattos (condenado por el caso Hyundai), quien acusó al periodista de haber recibido dinero del propio Mattos para desprestigiar a la Fiscalía, al tiempo que Guillén tuvo que retractarse por acusaciones contra Mattos que no pudo comprobar.
De acuerdo con las declaraciones de Hernández a medios nacionales, son investigados 20 asesinatos que se desarrollaron entre el 2008 y 2010, y no se ha podido comprobar omisión, no hay presuntamente alertas tempranas, pero el proceso continúa.
Las acusaciones que salieron a la luz en un artículo publicado por La Nueva Prensa señalan que en varios ocasiones, durante los últimos tres años, al funcionario se le advirtió de amenazas que estaban recibiendo personas por parte del grupo narcoparamilitar, pero este no hizo nada, incluso, se acusa de estar encubriendo presuntamente a 14 jefes del grupo armado.
Además, el funcionario del ente judicial no solo le habría incumplido a la justicia colombiana, sino que habría ocultado las denuncias de la justicia de Estados Unidos. Además, se señala que todo habría sido presuntamente escondido del fiscal general, Francisco Barbosa, y la fiscal, Martha Mancera.