Con la eliminación de la alta consejería para la Estabilización y Normalización, el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz quedó en manos de la Unidad de Implementación de la oficina del alto comisionado para la Paz –Oacp–. Ambas entidades realizaron, durante el domingo 7 de mayo, un comparativo de los recursos asignados para esas tareas durante el gobierno anterior y los destinados en la administración Petro.
De acuerdo con la Unidad de Implementación, durante 2023 fueron añadidos más de 13 billones de pesos para ejecutar cada uno de los seis puntos de lo pactado en La Habana entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. En ese orden, pasó de tener fondos por 37,1 billones entre el periodo 2018-2022, a 50.4 billones hasta 2026, año en que termina el gobierno actual.
En el discriminado, este aumento presupuestal se vio reflejados tras aportes hechos por seis fuentes de financiamiento: los de inversión y funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación –PGN– 5,3 y 1,7 billones respectivamente; en tanto que el Ocad-Paz entregaron 1,9 billones de pesos. Por otra parte, 800 mil millones fueron asignados por obras por impuestos y 4,4 billones donados por el Sistema General de Participación.
El Fondo Multidonante entregó 247 mil millones para un total de 13,8 billones de pesos. En esa medida, el punto que tendrá más dineros destinados para su implementación será el primero: la Reforma Rural Integral –RRI– con 46 billones de pesos que, de acuerdo con estas entidades y el propio presidente Petro, servirán para la compra de tierras fértiles.
Al punto ‘Fin del conflicto’ fueron entregados 1.5 billones y 1.4 billones fueron destinados para implementar el cuarto apartado –Solución al problema de las drogas ilícitas–. El punto de víctimas tuvo una distribución de 1.6 billones, 389 mil millones para el de participación en política y el punto de implementación general tendrá 369 mil millones.
Pese al aumento de recursos para lo refrendado en 2016, tanto el jefe de Estado como la directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas, manifestaron que no alcanzan para poner en marcha los seis puntos en el tiempo acordado para ello; es decir, 12 años. Sobre esto, el mismo Petro reconoció que reparar a todas las víctimas del conflicto armado tardaría 125 años.
Dicho anuncio lo hizo en abril de 2023. En ese entonces, también habló de una posible red de corrupción en la Unidad de Víctimas que las “revictimizó desde el Estado”. También planteó dos caminos: o “decirle la verdad al país” sobre el hecho de que hay pocos recursos para la reparación, o que la emisión que hace el Banco de la República se convierta en bonos para víctimas en lugar de ser enviada a los bancos.
“¿Cómo más? O decimos la verdad, o tomamos un camino no ortodoxo para hacerlo y que en un lapso de 10 o 15 años máximo nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado. Si ustedes tienen otro camino, cuéntenme porque lo estoy buscando”, explicó Petro, quien enfatizó en la necesidad de reparar a las víctimas para alcanzar la paz.
Por su parte, Cuartas reforzó la premisa del presidente y sostuvo que dineros sí hay, no solo de recursos propios sino de aportes hechos por la comunidad internacional, pero que aun así no alcanzaría para la plena implementación del Acuerdo Final y el resarcimiento completo de las víctimas.
Sobre esto, detalló que en la asignación presupuestal fueron destinados dos billones de pesos para el Fondo para la Paz; del fondo multidonante —cooperación internacional— hay 55 millones de dólares, es decir, más de 250.000 millones de pesos colombianos. En ese sentido, señaló que el Estado no cuenta con 50 billones para responder a las víctimas del conflicto.