Tras más de 30 horas de debate, la Cámara de Representantes aprobó en Plenaria del jueves 4 de mayo el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026. Con 120 votos a favor y solo 12 en contra, el texto que contiene el programa de gobierno de la administración Petro fue avalado por la corporación.
Sin embargo, tanto en esa discusión como en la llevada a cabo en Senado el martes 2, el documento titulado Colombia, potencia mundial de la vida, se generaron varias polémicas alrededor de artículos que fueron aprobados de manera ‘exprés’. Esto debido al poco tiempo que tenía el Legislativo para controvertir cada uno de esos apartados.
Eso incluyó la no reapertura de la discusión de 120 artículos y, sumado a eso, en Plenaria de Cámara se presenció la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del presidente del Congreso, Roy Barreras.
Así las cosas, en ambas corporaciones fueron eliminados cinco grandes artículos propuestos por el Ejecutivo; por otra parte, la gran mayoría de facultades extraordinarias al presidente Petro recibieron el aval de la mayoría de congresistas.
Además, cuatro artículos serán sometidos a conciliación, entre ellos el 8, que permite a las instituciones correspondientes acatar las recomendaciones establecidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad.
Las facultades especiales y los demás artículos aprobados por Senado y Cámara
Ambas corporaciones aprobaron cuatro poderes extraordinarios otorgados al presidente de la República por un plazo máximo de seis meses a partir de la sanción del PND. Estas le permitirán a Petro Urrego modificar el programa Jóvenes en Acción para la unificación de varios mecanismos en uno solo; avanzar en el desarrollo de vías terciarias y caminos vecinales a partir de la creación de una entidad adscrita al Ministerio de Transporte; afianzar el Grupo Bicentenario a partir de la ordenanza de disposiciones sobre los regímenes de entidades públicas de servicios financieros; recuperar el hospital San Juan de Dios.
Además, Cámara y Senado aprobaron la destinación de recursos para crear el Ministerio de Igualdad a partir de mecanismos que superen las brechas sociales y de género; el giro directo de dineros a clínicas, hospitales y demás IPS, pues actualmente son las EPS que se encargan de esas transacciones.
También fue aprobado el controversial artículo 55, que señala la compra voluntaria de tierras para la implementación de la Reforma Rural Integral. De acuerdo con representantes de la oposición, esto equivaldría a una ‘expropiación exprés’. Lo cierto es que ese apartado detalla que la Agencia Nacional de Tierras “adelantará el análisis de explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF –Unidades Agrícolas Familiares–”, de acuerdo con el inciso.
Los que definitivamente fueron hundidos
Los dos organismos derogaron el artículo 218, que permitía que las compañías de energía ejercieran actividades relacionadas con la transición energética; el 304 que buscaba la creación de una nueva política de derechos sexuales con enfoques de género, étnico-territorial, interseccional y para personas en condición de discapacidad; el 329, que le daba facultades extraordinarias al presidente Petro para desarrollar planes en defensa del medio ambiente y la economía forestal; el 353, que daba pie a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital, y el 364, que promovía iniciativas para ampliar la cobertura del servicio de gas natural en el país, aspecto esencial para la política energética del gobierno.
Aquellos que van a conciliación en la medianoche del jueves 4 de mayo serán, además del octavo, el 207, que busca el aumento de impuestos a las plantas generadoras de energías limpias al 6% con el objetivo de que las comunidades que tengan sus proyectos energéticos propios tengan alguna ventaja respecto de las grandes generadoras; el 356 que consolida las asociaciones de carácter público popular para el desarrollo rural, educativo y económico de comunidades, y el 371 que prohibirá –de ser aprobado– las cláusulas de exclusividad en la contratación de pauta publicitaria en la televisión pública abierta y con el objetivo de eliminar los monopolios de los grandes canales televisivos sobre dichos contenidos.