Tras el Acuerdo de Paz en 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha trabajado por el esclarecimiento de diferentes casos en el marco del conflicto armado en Colombia, uno de ellos son las ejecuciones judiciales o mal llamados falsos positivos. Dentro de este flagelo los uniformados del Ejército Nacional ya han sido llamados por el Tribunal de Paz para profundizar en la mancha negra que se posó en las fuerzas militares del país.
Dentro de las acciones de la JEP fue informado el aplazamiento de la audiencia de versión voluntaria del general en retiro del Ejército, el excomandante Óscar González Peña. Según lo indicado desde el Tribunal de Paz, aceptaron la solicitud de la defensa del excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército:
“La diligencia de versión voluntaria requiere la presencia del compareciente y su defensor, además de que se le garantice el acceso previo a los contenidos de los informes que lo relacionan, por lo que la Sala toma en consideración la solicitud de reprogramación presentada por el apoderado del señor González Peña y procederá a fijar nueva fecha para su realización”.
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De acuerdo a la decisión tomada por la JEP, el abogado Pedro Capacho tendrá el tiempo solicitado para estudiar a fondo el expediente, de esta manera las audiencias de versión voluntaria del excomandante que estaban previstas para los días 2, 5 y 8 de mayo quedaron asignadas para el 30 de junio y 4 y 5 de julio.
De igual forma el Tribunal de Paz solicitó el traslado de los testimonios y señalamientos que estarían implicando al excomandante González Peña, así mismo fue autorizado la participación de los representantes de las víctimas.
El excomandante del Ejército habría sido mencionado en los informes No. 1 ‘Inventario del Conflicto Armado’ y No. 5 ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, que fueron suministrados desde la Fiscalía General a la JEP.
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Drummond envió siete cartas a la JEP para salvar a sus directivos acusados de aliarse con las AUC
Drummond, la multinacional originaria del estado de Alabama (EE. UU.), enfrenta un lío judicial, ya que acusan a ocho de sus directivos de unirse con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para el asesinato de varios trabajadores sindicalizados de esa empresa.
Lo anterior ha llevado a que los empleados refuercen su equipo legal con abogados estadounidenses y de Bogotá para tratar de demostrar su inocencia en este caso.
A pesar de que poco se conoce de este caso en la justicia ordinaria, en la Jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como Jep, se viene adelantando las investigaciones, en las que se ha escuchado a excontratista de la empresa y a un exparamilitar, vinculados al macrocaso 08.
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La declaración más reciente en este caso es la de Jairo de Jesús Charris, alias Miguel, jefe de seguridad del contratista Jaime Blanco Maya. Los dos se encuentran condenados por participar con los paramilitares en las muertes de Valmore Lorcano y Víctor Orcasita en marzo del 2001.
Charris señaló que orden de desaparecer a sindicalistas venía directamente Gary Drummond, quien es el dueño de la empresa. Y que este plan también era conocido desde Colombia, principalmente por Augusto Jiménez, expresidente de la compañía en Colombia.
Con su jefe directo, Charris estuvo presente cuando los directivos de la empresa daban instrucciones a los paramilitares. Pero la oficina de abogados Prias Cadavid envió siete cartas a la JEP en las que afirman que Charris y Blanco están mintiendo, por lo cual los demandarán ante la Fiscalía General de la Nación.
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Además, dichas cartas señalan que las demandas en Estados Unidos se han desestimado, por falsos testimonios, y que buscaban otorgar millonarias indemnizaciones. Los abogados de la compañía dicen que se han girado millonarias sumas de dinero con el fin de que los testigos declaren, mientras que los acusados de estas prácticas señalan que estos pagos son para garantizar la seguridad de testigos.