Uno de los principales temas del Gobierno del presidente Gustavo Petro es la nueva política de drogas que, de acuerdo con el mismo Ejecutivo, está basada en el Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc. Esta no solo incluye la interdicción para combatir el narcotráfico y la prohibición de las fumigaciones con glifosato, sino también un enfoque de género que permita la participación femenina en los territorios sobre todos los mecanismos correspondientes en esa política.
Al respecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, mencionó en el encuentro ‘Mujeres: protagonistas de la Política de Drogas’, promovido por el Fondo de Cultura Económica, que dicho enfoque es “importante y novedoso”. En ese sentido, enfatizó en que, durante las medidas prohibicionistas las mujeres sufrieron cargas y afectaciones que no fueron consideradas durante el conflicto armado.
“Hemos sufrido mucho por el enfoque prohibicionista de las drogas, pero probablemente la mayor parte de nosotros no nos habíamos detenido a pensar si también en esta materia la mayor carga, la más pesada, le ha correspondido a mujeres”, expuso el ministro. De paso, planteó la posibilidad de que, sumado a la criminalización, hay de fondo conductas asociadas al ocultamiento de problemas contra la población femenina y relacionados con las drogas en el país.
El jefe de la cartera de Justicia y el Derecho reafirmó que, una de las metas del actual gobierno es consolidar un enfoque de género alrededor de la política de drogas a fin de, según su intervención, proteger los derechos de las mujeres, la igualdad y diversidad. Clemencia Carabalí, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, resaltó el hecho de que con la política de drogas actual no se revictimice a la población femenina.
Sin embargo, la consejera hizo un llamado a ese ministerio para que en ese enfoque también se tengan en cuenta los testimonios de las mujeres que sufrieron daños dentro del modelo prohibicionista. En su intervención, afirmó: “garantizar que los aportes que podamos hacer desde los diferentes territorios pero también desde las vivencias que les ha tocado enfrentar” como objetivo que debe tener el Gobierno nacional.
De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana y el Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo –Cide– arrojó que para 2019 el 75% de las mujeres en prisión eran cabeza de familia; el 73% vivía con sus hijos antes de ser enviadas a prisión y, durante el cumplimiento de sus condenas, el 38% pasaron a vivir en hogares distintos.
“Además de soportar la violación de derechos que afecta a toda persona privada de la libertad, como el hacinamiento, la comida en descomposición y la falta de agua potable; las mujeres también enfrentan la insuficiencia de toallas higiénicas, a no tener atención ginecológica, a malos tratos por la guardia que las ve como “malas mujeres”, a recibir menos visitas de sus hijos y familiares que los hombres, a habitar peores cárceles”, señaló la corporación Excelencia a la Justicia –DeJusticia– sobre la sanción de esa ley.
Además, esa normatividad establece que dentro de las alternativas a las penas privativas, las mujeres pueden prestar servicios relacionados con la recuperación del espacio público o su participación en actividades educativas. “La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es sustitutivo de la multa”, detalló también la ley.
De igual manera, solo cobija a aquellas que fueron condenadas por los delitos hurto, tráfico de estupefacientes y otros relacionados con condenas iguales o menores a ocho años de cárcel.