
En octubre de 2022 se venció la vigencia de la ley de borrón y cuenta nueva, que le daba un alivio a los deudores afectados por la pandemia o quienes se atrasaron con sus obligaciones. Pero una nueva iniciativa, radicada por el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, plantea extenderla por un año más.
De acuerdo a lo que dice el proyecto de ley, radicado en febrero pasado y cuyo primer debate se dará justamente este 25 de abril, hubo una demora después de la pandemia de covid-19 en la reactivación del empleo formal. Esto no permitió que muchas personas se beneficiaran de la primera ley de borrón y cuenta nueva, que estuvo entre el 29 de octubre de 2021 y el 29 de octubre de 2022.
Por eso, “se considera necesaria, oportuna y eficaz una extensión de este beneficio con el propósito de incentivar el acceso al crédito, la democratización de los servicios financieros y su contribución para el apalancamiento de proyectos de generación de empleo, de acceso a vivienda y el crecimiento de la productividad empresarial”, resalta la iniciativa.
Concretamente, se busca una prorrogación del artículo 9 de la ley 2157 de 2021 de manera retroactiva, que aplique a “todas aquellas personas que haya extinto sus obligaciones desde el momento de finalización del régimen de transición descrito, hasta un año siguiente a la sanción y publicación de la presente ley, sean acreedoras del retiro de sus reportes negativos de las centrales de riesgo de conformidad con lo establecido en la ley”.
Durante el periodo en el que tenga vigencia la ley, la información negativa por falta de pago permanecerá en las centrales de riesgo por un periodo de máximo seis meses, contados a partir de la fecha de extinción de las obligaciones. Si la deuda registrara una mora inferior a seis meses, “la información negativa permanecerá por el mismo tiempo de mora”, dice el proyecto de ley.
En la ley de borrón y cuenta nueva la permanencia de esta información es mucho menor a la de la norma tradicional, en donde los reportes negativos en las centrales de riesgo se mantienen el doble de tiempo de la mora y hasta cuatro años, desde que se pague la totalidad de la deuda.
De aprobarse esta nueva ley, la información negativa de las mipymes, personas naturales en actividades comerciales o independientes, pequeños productores, víctimas del conflicto armado, jóvenes y mujeres rurales y deudores o codeudores del Icetex sería eliminada al momento de que se pague la totalidad de la deuda, y ya no tendrían que esperar seis meses.
Cuando fue aprobada y entró en vigencia, la ley de borrón y cuenta nueva benefició a millones de colombianos que tenían problemas financieros porque al estar reportados en centrales de riesgo no podían acceder a créditos u otros servicios financieros. Para acogerse a esta ley, los deudores debían tener una deuda menor a 25 salarios mínimos, haber pasado más de dos años desde el primer retraso en el pago de las cuotas y haber realizado un acuerdo de pago con la entidad financiera para liquidar la deuda.
La ley también establecía que las entidades financieras tenían la obligación de informarle a los deudores el monto total de la deuda y los intereses que se habían generado hasta el momento de la solicitud para acogerse a la medida y las opciones de pago. Esta norma fue sancionada por el expresidente Iván Duque el 29 de octubre del 2021 y tenía la extensión de un año.
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