Pese a que Armando de Jesús Gnecco Vega es conocido bajo el alias de Mandarino, estuvo preso y es investigado por un homicidio y señalado de ser, presuntamente, miembro de la banda de Marquitos Figueroa, tiene al menos seis armas en su poder asignadas por la Superintendencia de Vigilancia.
La revista Raya y la Liga contra el Silencio revelaron que al menos 300 armas se encuentran en poder de 22 empresarios y ganaderos pese a que las licencias fueron canceladas. Uno de ellos es Armando Gnecco, a quien se le habían autorizado por supuestos riesgos como empresario en 2012, pero que desde el 2019 venció el documento y no las ha devuelto.
Entre ellos también se encuentra José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’ Hernández, asesinado en 2019 en Brasil y protagonista de una financiación irregular a la campaña del presidente Iván Duque.
Ambos, Gnecco y Hernández, tendrían asignadas 24 armas que no fueron devueltas a la Superintendencia de Vigilancia pese a que sus autorizaciones fueron canceladas. Así mismo, aparecen junto en un organigrama establecido por la Fiscalía como brazos financieros de la organización criminal liderada por alias Marquitos Figueroa, en el departamento del Cesar.
Uno de los vínculos de los dos supuestos empresarios del Cesar con Figueroa, es que en 2019 cuando cobraron relevancia sus nombres, la Fiscalía identificó que varios de los bienes del cabecilla estaban a nombre de Armando Gnecco y Hernández, según citó Semana de Andrés Jiménez, jefe finanzas criminales de la Fiscalía.
Gnecco Vega y alias Ñeñe, según reveló la investigación de Raya, fueron representados por Dorian de Jesús Coquies Maestre para la solicitud de los departamentos de seguridad. En esa solicitud, alias Mandarino inscribió como escoltas a Miguel Castro Gnecco (investigado por despojo de tierras).
Gnecco fue capturado en 2014 como presunto determinador del homicidio de Efraín Ovalle dos años antes y acusado, además, de concierto para delinquir. Sin embargo, salió libre en febrero de 2015 por decisión de un juez de control de garantías de Valledupar que revocó la medida de aseguramiento. La Fiscalía apeló la decisión, así como la Procuraduría y la representación de las víctimas, entre otras cosas porque habían recibido un informe de inteligencia que alertaba sobre un plan para alterar la audiencia que lo dejó en libertad.
El supuesto empresario quedó en libertad porque la defensa argumentó que se habían presentado testimonios falsos para acusar a Gnecco y a Jorge Oñate del homicidio de Ovalle. Según decían, el crimen no había sido político sino aparentemente por motivos personales. Uno de los testigos fue Manuel Ricardo Benavides, quien, según Raya, le dijo a una abogada del proceso que había sido presionado para acusar a alias Mandarino y al cantante vallenato del crimen, pero conocieron que había sido el mismo procesado el que le habría entregado dinero al testigo.
Benavides fue asesinado en noviembre de 2019. Ese mismo año la Superintendencia de Vigilancia confirmó la suspensión de la autorización del departamento de seguridad que tenía en su poder, con seis armas, pero que pese a esa situación no las ha regresado. Incluso, según la investigación citada, el registro fue borrado del sistema del Departamento de Control y Comercio de Armas del Ejército.
Las investigaciones involucran a esa entidad encargada de administrar las armas del Estado, como a su exdirector el coronel Gilberto Morales Quintero, quien ha sido señalado en informes de contrainteligencia como presunto relacionado con tráfico de armas para la Oficina de Envigado. Cómo armas oficiales llegaron a las armas de cuestionados personajes, acusados de homicidio y con vínculos con una organización delincuencial y aún esas pistolas, fusiles y ametralladoras no han sido devueltas.