Ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció que la estrategia adoptada por el país para la erradicación de cultivos ilícitos ha fallado. En ese sentido, reafirmó que la propuesta del actual gobierno para eliminar la siembra de plantas como la hoja de coca estará centrada en la sustitución.
El jefe de la cartera de la Justicia y el Derecho indicó en un debate de control político realizado el martes 11 de abril, que si bien en el país se han erradicado miles de hectáreas de cultivos ilícitos, el área sembrada es aún mayor. “En 2020 se erradicaron 130 mil hectáreas, pero se cultivaron 140 mil. En 2021 fueron 103 mil y llegamos a 204 mil cultivadas. ¿Por qué? porque la estrategia de erradicación ha sido fallida”, explicó el alto funcionario.
Osuna también detalló que, en lugar de la erradicación forzada, la estrategia más efectiva es la voluntaria. De igual manera, señaló que se han erradicado cultivos en zonas donde no están los principales nichos de siembra de hoja de coca y producción de cocaína y al respecto, contrastó dicha premisa con el hecho de que en el primer trimestre del año fueron incautadas cerca de 100 toneladas de esta droga.
Por ello, reconoció el trabajo de la fuerza pública en las labores de incautación tanto de este estupefaciente como en los insumos líquidos y sólidos para preparar diferentes sustancias e indicó que la apuesta actual de la administración Petro para la erradicación de cultivos está encaminada en debilitar y desmantelar las estructuras criminales de alto impacto.
Concretamente, el ministro afirmó que esas incautaciones hechas de enero a abril superaron en número a las decomisadas en el mismo periodo de 2022. Además, exaltó que 60 personas, entre los que se encuentran grandes y medianos capos de diversos grupos criminales fueron capturados, algunos de ellos con fines de extradición. “La Fuerza Púbica está actuando en lo que nos proponemos: atacar el narcotráfico”, añadió Osuna.
Con respecto a la sustitución, dijo que este mecanismo debe estar acompañado de medidas como la erradicación manual y forzosa sin el uso de glifosato a través de acuerdos territoriales entre el Estado y las regiones con alta presencia de cultivos de uso ilícito. Dependencias como la Unidad de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos —Pnis— iniciaron procesos de concertación con diversas comunidades para poner en marcha planes de sustitución “pero también de tierras, ligando esto con la reforma agraria; de proyectos económicos y por reforestación en la selva”, explicó el funcionario.
Un mensaje similar entregaron el presidente Gustavo Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa, luego de la reunión que ambos sostuvieron en Casa de Nariño el lunes 10 de abril.
Al término de dicho encuentro, la cabeza del organismo judicial celebró que llegaron a acuerdos con el jefe de Estado con respecto al proyecto de ley de sometimiento a la justicia. Ambos concluyeron que no se puede criminalizar al campesino cultivador, pues representa el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico. En cambio, se comprometieron en reunir esfuerzos para atacar con mayor contundencia a las grandes estructuras, así como a vendedores y expendedores de sustancias ilícitas.
De igual manera, Barbosa también expuso que entró en sintonía con el presidente de la República en el hecho de que productores y expendedores de droga en el país no pueden beneficiarse a partir de los diferentes proyectos de ley y resoluciones que presente el Gobierno nacional.