Luego de que en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia que se desarrolló el martes 11 de abril de 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hiciera una importante declaración sobre el Acuerdo de Paz, proponiendo que las emisiones del Banco de la República sean dirigidos a la reparación de las víctimas, despertó varios pronunciamientos.
Uno de ellos fue expresado por José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, quien mencionó en su cuenta de Twitter que:
“Mala idea además de casi inviable. La emisión vía crédito sería por unanimidad en@BancoRepublica y NO ES BUENA PRÁCTICA porque supedita política monetaria a la fiscal, genera pérdida de credibilidad financiera y hace más costoso o inviable la deuda”.
A estas menciones también se sumaron otras figuras, entre ellas Juan Camilo Restrepo, exviceministro de Agricultura, quien aseguró que no creía que el Banco de la República aceptara la propuesta. En un trino lo expresó así:
“El banco de la República no creo que vaya a aceptar esta invitación de Petro, pero el mensaje hacia el exterior -de que el presidente quisiera atender gastos del gobierno con crédito de emisión -es fatal”.
En respuesta, el presidente de los colombianos mencionó este sería el único camino para responder a la deuda y que: “Si no, entonces decir la verdad: Colombia no indemnizará las víctimas”. Así lo expresó en el siguiente trino:
Por su parte, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), en conversación con Blu Radio a través del director ejecutivo, Luis Fernando Mejía, mencionó que sería una medida con importantes consecuencias negativas. Entre ellas mencionó tres:
“... la primera, en materia política fiscal; la segunda consecuencia, un deterioro en la credibilidad de la política monetaria; la tercera consecuencia está asociada a las otras dos, es la inflación”.
Además, aseguró que las cifras para la reparación de las víctimas son elevadas, pero que incluso podrían financiarse considerando el presupuesto general, como lo han hecho otros países de Latinoamérica, donde se han obtenido buenos resultados.
Por su parte, la directora de la Unidad de Implementación de Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, aseguró que:
“Creo que el presidente, más que las cifras, lo que nos está diciendo es cómo los políticos, los empresarios, la sociedad podemos hacer un nuevo acuerdo para cumplir los acuerdos de paz. Es un análisis porque el país necesita repensar qué ha pasado con el dolor de las víctimas”.
Cabe recordar que la propuesta surgió al mencionar que no hay dinero suficiente para lograr implementar de manera completa los acuerdos trazados en el 2016 con la guerrilla de las Farc. En este sentido, la propuesta sería que en lugar de emitir a bancos comerciales, el Banco de la República lo realice en bonos para indemnización de víctimas.
Petro mencionó: “Es muy fácil decir cúmplase el acuerdo. Yo he dicho -¿se firmó ese acuerdo con la intención de aplicarlo? -o con la intención de desarmar las Farc y después a la colombiana refundir todas las cosas(...) Yo si quiero aplicar el acuerdo de paz pero vale 150 billones”. Añadió que se necesitarían 301 billones de pesos para la indemnización correspondiente.
Incluso, también aseguró que si el Banco emite los bonos de indemnización, el Estado podría entregarles el monto a cerca de nueve millones de víctimas del conflicto armado, saldando una deuda en un margen de 10 años.
La dificultad de entregar un crédito al Gobierno nacional
En su momento, luego de que se realizaran propuestas similares en situaciones anteriores, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, se habría pronunciado sobre esta posibilidad y lo que significaría entregarle un crédito al Gobierno.
En ese momento, resaltó que se trataría de un procedimiento que, allí, “... afectaría la credibilidad internacional hacia el Gobierno, hacia el banco y hacia la economía colombiana (...) Hacerlo podría cerrar fuentes otras de financiamiento absolutamente las encarecería”.
De hecho, también mencionó que se trata de una “... mala práctica porque supedita la política monetaria a los requisitos de la política fiscal y lo que quiso hacer la Constitución del 91 en Colombia fue justamente separar los objetivos de la política monetaria de los de la política fiscal”.